Movimientos sociales del norte de Santiago del Estero y de las vecinas provincias de Chaco y Salta, en forma permanente, realizan cortes en la ruta internacional 16.

Mantienen cautivos a los que circula por esa vía bioceánica que enlaza Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile.

No vamos analizar la legitimidad de los reclamos, pero de un tiempo a esta parte, la gente está saturada y saciada por tal situación ante la desatención, negligencia, indiferencia y desidia del gobierno nacional, y no faltan aquellos que acusan al Estado de cómplice de tal delito. Trascendió que hay denuncias contra funcionarios públicos.  

Lo cierto y concreto es que la interrupción al tránsito vehicular afecta a una amplia región, donde el castigo y el mayor azote de esta situación, en la actualidad, es un auténtico flagelo lo padece el transporte y viajeros internacionales, pero más los que circulan de un lado al otro dentro de la misma región argentina.

Los motivos que generan ese delito no los vamos analizar, pero sí vamos a señalar que es un método equivocado porque se imposibilita a mucha gente a ejercer el derecho constitucional de transitar con libertad y garantía por las rutas y caminos de todas las jurisdicciones dentro del territorio nacional. Es un derecho constitucional.

Los cortes de ruta, reclamando cosas al gobierno municipal, provincial o nacional, se constituyen en un problema de vieja data y por el cual el Estado no pone en evidencia la mínima voluntad para solucionarlo. En el marco del reinicio de los cortes, hubo quienes expresaron que están cansados porque se pierden trabajos, tiempo y producción entre otros aspectos. Se saben la existencia de denuncias a la policía, a la Gendarmería e inclusive a la  justicia y al mismo gobierno porque el bloqueo se realiza con la más absoluta impunidad.

Se rechazan enfáticamente los cortes de la ruta 16 porque son piquetes que afectan a la mayoría de las actividades comerciales, sociales, económicas, educativas y sanitarias. Se dan situaciones de tensión que en cualquier momento pueden terminar de la peor manera. Atendiendo los más variados testimonios, el Estado en sus distintas jurisdicciones y ámbitos, debe asegurar la libre circulación y no puede ser observador impávido de esta situación que genera innumerables inconvenientes al quehacer diario de un amplio segmento de ciudadanos de la geografía provinciales.

El rechazo al bloqueo vial se da sobre la base de no analizar el conflicto que mantiene desde hace tiempo el gobierno provincial y nacional con los movimientos sociales. El Estado nacional y provincial debe garantizar a todos los ciudadanos el derecho a libre circulación.