La coyuntura de la pandemia y los estados de excepción y emergencia que se están propiciando, se han vuelto el escudo del gobierno municipal de Monte Quemado.

Autoridades que tienen un largo historial de autoritarismo y abuso de poder, imponen decisiones que vulneran sin disimulo los derechos de sus habitantes y sus necesidades durante la cuarentena.

Sin embargo, el escenario en medio de una de las crisis sanitarias más grandes de la historia, en un contexto de desigualdad, pobreza, hambre, informalidad laboral, con un sistema de salud sospechado de ineficiente por todos los copeños, el gobierno municipal y un sector de la policía  se han dedicado a empeorar el escenario, imponiendo decisiones autoritarias, abusivas  arbitrarias, sin importar el desenlace que estas puedan tener en las consecuencias de inclusive de la misma salud que invocan cuidar.

En el caso de las numerosas personas que dejaron tiradas junto a las rutas negándoles derechos de ingresar a la ciudad donde viven, es un claro y deliberado abuso de poder por parte de una fuerza poli-política, comandada por el oficial Gustavo Sosa; su concubina, la secretaria de gobierno Silvia Castillo,  sin que ello libere de responsabilidad al intendente de la ciudad, Manuel Osvaldo Castillo.

Empero, esto de por si es un verdadero atentado a los derechos y garantías de los ciudadanos que tenían su domicilio en Monte Quemado, y por la sola arbitraria voluntad del intendente, las fuerzas de seguridad no los dejaban ingresar a su ciudad, a su casa. Lo ocurrido por estos días, quedó claro que en nombre de la pandemia el poder político tiene la capacidad de fabricar un aislamiento, no por cuidar la salud, sino para satisfacer inclusive mezquindades pasionales.

Encontraron el viernes en cercanías de un aserradero a un vecino, por supuesta directiva de las secretarias de gobierno Silvia Castillo, y por portación de rostro lo habrían declarado infractor al protocolo y la policía envió una notificación, obligando a cumplir sin más pruebas y sin explicación alguna un aislamiento de 15 días. Hecho que fue considerado, por la víctima, autoritario y abusivo, por atentar contra su libertad ambulatoria sin justificación alguna.

El supuesto abuso fue denunciado en la fiscalía para que se investigue de quien dispuso la medida extrema de privación de la libertad. Se pide que la justicia investigue, que se llame testigos, y que se oficie al municipio para que dé argumentos sobre las medidas que adoptan en contra las personas, sin importar si están bien o no de su salud, sin importar el trabajo. Solo se lo vio en lugar público promediando las 18 horas y todo se enmarcó en la autoritaria voluntad de la funcionaria, y trascendió que personal policial se habría disculpado por lo actuado en el procedimiento.

De solo saber quién es la víctima, cuyo nombre no estamos autorizados en revelar, queda claro que en Monte Quemado la pandemia les sirve para todo, inclusive hasta para descargar los más bajos instintos pasionales.