Por Tony Villavicencio.- Sustraer a una maestra profesora de danzas y trasladarla a la cocina a lavar platos, pocillos y servir café, negando su formación académica. Si la medida es legal, no deja de ser inmoral. Los pueblos no deberían legitimar injusticias, disfrazadas de legalidad.

No se puede consentir la maldad como modelo de gobernar en democracia. No se puede admitir, que se prive de los derechos a los ciudadanos de expresarse libremente (Art 19 de la Constitución de la Nación Argentina), empero en la Municipalidad de Monte Quemado por expresarse en forma respetuosa por las redes sociales se le aplicó una sanción de cinco días de suspensión sin goce del sueldo a una empleada que venía sufriendo el hostigamiento del poder político.

Mostramos en el faximil, la captura de lo expresado, que a todas luces desvirtúa los fundamentos de una resolución en la que se dicta una sentencia laboral plagada de falsedades.

El artículo 19 en la Constitución de la Nación Argentina dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Sr. Intendente, para que su versión sea creíble, adjunté el posteo que hace referencia al agravio y se ve ahora, los fundamentos y explicaciones inútiles de una resolución sospechada de contener falsedades.  

Quien puede dudar que no hay maldad en la decisión de sustraer a una maestra y profesora de danzas del espacio de la educación y la cultura, desconociendo su formación académica, y se la destine a la cocina a lavar platos, pocillos y servir el café a sus propios verdugos.

No es este el único caso, el de la profesora Gramajo, entre otros que obran en nuestros archivos, recuerdo el de la empleada municipal y profesora de enseñanza del primer nivel Romina Navarro, empleada que con valor y una convicción ejemplar, aun hoy soporta los efectos humillantes de la persecución política, que pese a su formación académica, la condenó a prestar servicios en la cocina también a servir el café.

Si esto no es denigrar, humillar al ser humano, al trabajador municipal, en mi supina ignorancia pregunto a la sociedad de Monte Quemado, ¿Que más tiene que pasar para que el Concejo Deliberante advierta que para salvar a la democracia debe actuar y poner freno a los abusos y arbitrariedades del poder ejecutivo que cada día avanza ya no solo privando de derechos a sus trabajadores, sino también discriminando, a comerciantes y vecinos en ese nocivo juego político de privilegiar a unos y castigar a otros y aún está fresco el mal momento y el perjuicio económico denunciado por el músico, hijo de Monte Quemado Ceferino Torres.          

La discriminación del gobierno municipal no solo tiene génesis en lo político y económico, persiguiendo a quienes piensan distinto, sino que en estos últimos meses las persecuciones se han trasladado hacia empleados que tienen una formación académica, en un claro y deliberado desaprovechamiento del recurso humano capacitado.

Enviar a la cocina a lavar platos, pocillos y servir café a la profesora de enseñanza del primer nivel y empleada municipal Romina Navarro, a la maestra y profesora de danzas Anabel Gramajo. Haber acosado laboralmente a la profesora de Artes Plásticas Lita América Jiménez, colocándola al borde de la locura (mobbing), al profesor Héctor Zurda, a las empleadas administrativas Roxana Villalba, Silvina Aranda, Daniel Palavecino y otros, por causas, según explican las víctimas políticas, y en algunos casos personales y propias de las miserias humanas.

En Monte Quemado el autoritarismo se enraíza en una sociedad, institucionalmente débil y con poca cultura política, donde los concejales no representan al pueblo que los eligió, sino a quien les regaló el cargo. Es aquí donde la libertad de expresión y el derecho a la crítica son limitados, donde hasta hace pocos años solo hubo una opinión, y una sola verdad, la del gobierno municipal en lo que es continuidad indefinida de 37 años de un mismo modelo de gobernar, privilegiando a los que acompañan al poder, persiguiendo y discriminado al que piensa distinto. Lo cierto es que el empleado municipal y el ciudadano, para sobrevivir, en este modelo de democracia, acaba aplaudiendo al gobierno autoritario.