Por Tony Villavicencio.- En el departamento Copo, el fenómeno del despojo de la tierra y la indiferencia de la justicia en los conflictos, han ganado creciente espacio en los últimos años, desembocando en enfrentamientos donde los hechos de violencia han costado la vida de los campesinos.

A pesar de que el desencuentro en principio provocó muertes, pocos han abordado el problema del acaparamiento y la concentración de las tierras desde una perspectiva social y humana, y se empecinan en considerar la violencia que por estos días resurge con hechos de vandalismo, que son el avance de las empresas sobre las posiciones ocupadas por las familias del campesinado.

Destrucción de las mejoras

Los más fuertes hacen el intento de justificar la andanada de violencia desatada a las distintas formas en las que se da el despojo, que daña los derechos de los campesinos quienes sufren la destrucción de sus mejoras, y en oportunidades, se convierten en dobles víctimas de mecanismos y efectos de una alianza de la policía, la justicia y el capital.

Esta nota, aporta críticamente a lo que se quiere presentar como un paisaje de cultura y basados en el caso específico del departamento Copo, donde la violencia ya no es de los que sufren injusticias y se rebelan, sino que por estos días los violentos son los empresarios que alquilan a mano desocupada configurando espacios del miedo, cuando envían a destruir las mejoras de los ocupantes de la tierra, sin que la justicia observe una actitud firme y decidida, de frenar al vandalismo de los más fuertes que avanza en su desmedido afán de someter y negar derechos a los más débiles de lo que es una desigual lucha, donde es precisamente la justicia la que debe nivelar obrando conforme a la Ley.

Es el caso de muchos, pero por ser el más reciente, hacemos referencia el del campesino Raúl Ricardo Mansilla, ocupante de la fracción F del lote 7 en cercanías de la Virtud, o el de Piruas Bajo, San Francisco y de otras comunidades campesinas del departamento Copo, que están siendo arrinconadas por los alambres de los empresarios, que destruyen mejoras, de las familias, imponiéndose por la fuerza sin respetar los derechos del campesino.

Denuncias cajoneadas

Las denuncias del campesino se quejan que las cajonean y en casos pareciera que la justicia es sorda, muda y ciega. Cuantas copias de denuncias radicadas por campesinos, obran en nuestro poder, sin haber logrado los denunciantes que la policía ni la fiscalía investigara, llegar al lugar de los hechos en cambio la denuncia del empresario incentiva y despierta celeridad en los procedimientos. Esto es así y lo reconocen en conversaciones informales los propios policías.

Los empresarios usan influencias, prestigio y hasta su dinero para comprar impunidad, e irrumpen en las posiciones de los campesinos, destruyendo las mejoras que develan que en ese territorio. Si hubo dueños, los empresarios nunca antes ejercieron el derecho a la propiedad y la destrucción de las mejoras, no tienen otro fin que de hacer desaparecer las pruebas que tiene el campesino de mostrar que allí nació, allí vive y allí invirtió el esfuerzo de toda una vida, en casos de dos o más generaciones y lo más extraño es que desde la estructura del poder judicial, el campesino no tiene derecho a concurrir a un Juez de Paz, a quienes les han prohibido a realizar constataciones. Salvo autorización de un Juzgado.

Mecanismos de despojo

En estos últimos días examinamos la manera en que ciertas formas de acaparamiento y concentración de la tierra y de recursos, se hallan fuertemente ancladas en mecanismos de despojo, que están siendo convalidados más que por falta de medios y recursos, por una pronunciada ausencia de justicia. Desde las dinámicas del día a día, desde los aspectos usualmente relegados a lo político y a lo banal, la justicia con indiferencia contribuye a los espacios de la violencia, el miedo y la exclusión que sufren los campesinos. No es justo que a un Juez de Paz se le prohíba un pedido de un campesino, para que le confeccione un acta de constatación del lugar donde nació, donde vive con su familia, trabaja y construyó su vida y le dañaron.

En los últimos años, organismos, instituciones estatales, ONGs, han dado creciente importancia a los millonarios negocios de las tierras, con la repentina aparición en escena de escrituras que convalidan grandes extensiones de superficie. Tenemos el caso de Madera Dura, con 75 mil hectáreas en el departamento Alberdi, que todos saben que pertenencía antes a Marino Cabezas, empero es extraño que ahora se atribuye la propiedad de los lotes 6 y 7 del departamento Copo, 12 mil nuevas hectáreas que las incorpora a su propiedad, en un territorio donde hasta no hace mucho tiempo no solo en el conocimiento de los pobladores, sino en toda la infografía oficial de la provincia, se los reconocía como lotes fiscales. Vale entonces preguntarse de qué forma los lotes 6 y 7 hoy son propiedad privada. Hay que revisar títulos, escrituras y esa es la función de la fiscalía del estado y nadie por más pudiente, puede liberarse de exponerse a los controles del estado.

Lote San Francisco

En San Vicente departamento Copo, el caso emblemático en el marco de un conflicto, es el del campesino José Manuel Cuellar y su grupo familiar, eternos pobladores y ocupantes inmemorables de 910 hectáreas, fracción del lote San Francisco con planos inscriptos en catastro, ocupación debidamente deslindadas, con su vivienda, hornos para quemar carbón, represa corrales, ganado vacuno, hacienda y otras mejoras, hasta que fueron invadidos por un grupo de personas armadas, que nombre de los que se dicen ser dueños usando la fuerza, los amenazaron y los despojaron del campo de la vivienda, destruyeron los hornos y otras mejoras y a pesar de las reiteradas denuncias y la violencia, don Cuellar está cansado de recorrer el juzgado de Monte Quemado y de mostrar la documentación que le acredita el derecho sobre el inmueble de un conflicto por la tierra, que indigna y revoluciona el espíritu de los mismos legos que litigan en el Juzgado de Monte Quemado.  

Impostores

Este caso es un claro ejemplo de cómo funciona en la policía y en la justicia, el trato derechos de unos y de los otros, que en este caso con los empresarios, supuestos dueños de San Francisco, y han llegado al extremo de comprometer al mismo gobernador, cuando en los cuatro esquineros de la propiedad invadida, han colocado la foto de Gerardo Zamora y a todos confunden diciendo que la propiedad pertenece al gobernador. En lo que es una treta, que tendría como fin, el de atemorizar funcionarios de la justicia y mucho más a los humildes campesinos.

El Municipal Web, puede asegurar a sus lectores que es falsa la invocación que realizan del primer mandatario provincial, desmentimos en forma categórica y si hay títulos u/otra documentación en nombre de estos falsos testaferros, es necesario revisar su legitimidad, ya que, el aprovechamiento del vuelo forestal de estas tierras en años pasados recientes, fue arrendado a productores ya que las tierras pertenecían a la provincia, territorio también considerado fiscal.

Hay que profundizar las investigaciones sobre los inversores de lo que es el agro-negocio, que es marco de los conflictos por la tierra. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas, en muchos casos implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”. No se puede ni se debe dejar a la familia de los campesinos en situación de indefensión, las injusticias generan violencia y es necesario frenar la escalada, iniciada desde los sectores más pudientes del conflicto por la tierra en todo el territorio del departamento Copo.