Por Tony Villavicencio.- Los abusos policiales tienen en su origen una estructura jerárquica poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder y operan muchas veces, más al servicio de intereses económicos y políticos.

En Nueva Esperanza, no es novedad que la confianza ciudadana en la institución policial se encuentre fracturada. Tampoco lo es el gran distanciamiento que existe. Los ciudadanos desconfían de la policía. Por unos cuantos que obran mal, la pagan todos y de esa forma, muchos la consideran corrupta, poco preparada y abusiva, cuando en realidad hay hombres en esa misma dependencia, honestos que abrazan y ejercen la profesión policial, con abnegación, conocimiento y fidelidad, pero no tienen el suficiente mando para revertir su realidad.

Formación improvisada

En la práctica, se puede observar que los miembros de las instituciones de policía, históricamente han recibido una formación improvisada e insuficiente y rara vez se les ha infundido la importancia que su rol social tiene para el mantenimiento de las instituciones y en la construcción de relaciones sociales, capaces de resolver los conflictos y las diferencias de manera pacífica.

Hoy, en la policía provincial hay hombres altamente formados para desempeñar la función, pero lamentablemente basta de muestra un sólo mal ejemplo para que se la responsabilice a toda la institución y la degradación de la fuerza en la organización verticalista siempre viene desde arriba hacia abajo.

Las prácticas policiales que derivan en abusos tienen en su origen una estructura jerárquica poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder. El superior debe tener la capacidad, el conocimiento y la conducta para corregir al subalterno. Los mandos policiales son seleccionados principalmente por su cercanía con el jefe político local, sea presidente, gobernadores e intendentes y esto cuando, se premia al menos capacitado con jerarquías, se afecta la cadena de mando y se degrada a la fuerza.

Perfil profesional

Rara vez se hace el análisis que permita garantizar que el perfil profesional del policía sea apto para el cargo y, en todo caso, se valora más su lealtad política. Esto provoca que, con frecuencia, sean nombrados mandos policiales que no tienen la experiencia, el conocimiento, ni la sensibilidad para atender los temas de la seguridad de una población y muchas veces se prestan a cumplir abusos a pedido del poder político, como ocurrió en Monte Quemado, prestándose a atemorizar a dos empleadas municipales.

Son mandos que muchas veces operan más al servicio de intereses, económicos y políticos. No tienen incentivos para actuar en favor de la población, en tanto fueron nombrados por un jefe político, que también es el encargado de removerlos y, por tanto, los usa según sus propias necesidades e intereses, que no siempre son los del pueblo.

Así pues, en buena medida, la corrupción y el abuso por parte de la autoridad, son ingredientes que nuestras instituciones policiales padecen debido a condiciones estructurales creadas desde el poder político, que la ha formado a su modo para mantener el control social y aprovechar los beneficios que sus características permiten, lo que provoca a veces que tengan un desempeño poco aceptable en función del servicio y la seguridad.

El abuso

El abuso policial es un fenómeno complejo que obedece a factores de diferentes niveles. Comprende formas tradicionales de efectuar el trabajo policial ajenos a principios democráticos, en las que el control sobre la población, en particular sobre ciertos grupos, que operan protegidos por los mandos superiores, como una capacidad “natural” de su trabajo; incluye prácticas de extorsión a la ciudadanía ampliamente institucionalizadas, y depende de factores culturales de la organización policial, no ajenos al resto de la sociedad, en los que se establecen pautas morales sobre quién merece ser castigado.

Partiendo de esta lógica, el abuso policial y el abuso de autoridad en general, ocurre cuando un servidor público aprovecha su cargo o funciones para sacar algún tipo de provecho personal o para beneficio de sus compañeros o superiores jerárquicos. Algo así ocurre en la ciudad de Nueva Esperanza y desde hace tiempo los venimos denunciados y si el gobierno y el pueblo no le ponen frenos, hay que prepararse para vivir hechos más graves.

A diferencia de un funcionario público tradicional, la Policía y las fuerzas de seguridad en general abusan a partir del uso de la violencia. Por ejemplo, cuando realizan una detención y no permiten que el detenido se defienda conforme al derecho o cuando, durante una protesta, incurren en uso excesivo de la fuerza, actuando contra los protocolos dispuestos para ello. Protocolos que, con frecuencia, el personal desconoce, o cuando en un procedimiento ocultan o distorsionan la verdad para favorecer a las partes.

Cadena jerárquica

Añadido a este diseño estructural en la cadena jerárquica, todavía no ha sido posible consolidar un sistema de formación profesional que dote a los agentes de policía de las herramientas conceptuales, metodológicas y doctrinales de su función, como auxiliares de la justicia. Al respecto, existe un programa rector de profesionalización previsto por el reglamento de la Ley 4794 de generalidades para el personal policial  que habla de obligaciones y derechos a pesar de los años de su vigencia  no ha sido realizada a la fecha, una evaluación que nos permita conocer su grado de penetración y eficiencia en la formación policial, en consecuencia  al no cumplirse  una base de formación profesional sólida, hay  policías que simplemente carecen, total o parcialmente, de los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir su función.

 Esto se evidencia en personal que no sabe tratar a la gente ni hacer valer, por vías pacíficas y argumentales, la autoridad conferida por el Estado: o es muy grosero, o a veces demasiado servil, depende de la persona con quien toque tratar y de acuerdo a una muy particular visión de la criminalización que tiende a agredir a los más pobres y rendir tributo a los más poderosos.

Así, la Policía con frecuencia es señalada por abusar de su condición para obtener beneficios que los ciudadanos a menudo observamos como actos de corrupción. Esto se debe, además de los factores ya mencionados a que los ciudadanos desconocen sus derechos y en muchas ocasiones prefieren arreglar sus problemas con la autoridad de una manera directa, a través de sobornos o el uso de “influencias”.

Perfil marcado a fuego

Hay hechos puntos, que hoy están marcando a fuego el perfil de una policía que es necesario que el Gobierno de la provincia revise. El caso sucedido en la Seccional 10ª de la ciudad Capital, donde por estos días hay cuatro policías acusados de haber torturado y dado muerte a un detenido. Ayer un oficial ayudante, que asesinó con el arma reglamentaria a su esposa y se suicidó.

En Nueva Esperanza el pueblo se manifiesta pidiendo freno a los abusos de un minúsculo grupo de policías de la Comisaría Seccional 32, los que desde hace tiempo están sospechados de abusos, formando parte de una cadena de negocios incompatibles con la función, como son las bailantas, juego de azar y carreras cuadreras. 

Se escuchan las voces del pueblo, “de día custodios de la sociedad y en la noche transformados en recaudadores de la diversión”, refiriéndose a los juegos de azar y las carreras cuadreras. Los vecinos de Nueva Esperanza se sienten desprotegidos.

Impunidad consentida

Hace un poco más de un año, los padres de una menor denunciaron que la niña ingresó en un coma alcohólico porque se le había suministrado sustancias alucinógenas y fue encontrada en el baño del boliche (Plan B), regenteado para entonces por dos policías.

Ayer mismo, en la salida de este boliche, un drogadicto identificado como Carlos Rubén Serrano, que bebió y tomó vaya saber qué otras sustancias, con un arma de fuego, le disparó a la cabeza al joven Fernando Castillo, que está vivo por Providencia Divina, ya que la bala que estaba dirigida a la cabeza, le perforó el omóplato superior.

El joven tuvo suerte y está vivo. El autor del hecho, como era de esperar, tuvo todo el tiempo para escapar y se encuentra prófugo. Hay familiares de la víctima que aseguran que, en principio, cuando concurrieron a la comisaría, se negaron a recibirle la denuncia y le dieron todo el tiempo para que el individuo se alejara y saliera de la provincia. Son numerosos los hechos de violencia que se repitieron en ese centro de diversión, que sería largo enumerar.

El último caso del joven baleado ocurrió a la salida del boliche, durante la madrugada del primer día del año 2019, pero la causa del desenlace se ha gestado en su interior y como, siempre, hubo hechos de violencia de consecuencias más graves. Todos saben que han ocurrido en su interior, pero el procedimiento policial se  acomoda, se libera de responsabilidades al que explota el rubro, de una misma forma que se acomodó con deliberada impunidad el dudoso accidente de tránsito sufrido la noche del 23 de diciembre por el periodista, locutor y maestro Gustavo  Antonio Sánchez, a quien después de una fiesta y alcohol, lo habrían chocado y dejado abandonado en el acceso mismo de la ciudad Nueva Esperanza, liberando con impunidad  a quienes serían los verdaderos responsables.