Por Tony Villavicencio.- Es triste y lamentable visitar algunos de los hogares de los empleados cesanteados de la Municipalidad de la ciudad de Monte Quemado, donde les falta todo, pero más se nota la ausencia de solidaridad y justicia.

Sin un régimen que garantice el ingreso y ascenso por concurso, que asegure la carrera administrativa, que evite la vulnerabilidad del empleado temporario, o los traslados, persecuciones y violencia laboral, jamás tendremos la ciudad donde se respete las garantía, la estabilidad laboral y los derechos de los vecinos de vivir en una ciudad organizada. No es justo que en democracia y en el Municipio de Monte Quemado estén pasando estos casos, que después de 35 años de democracia, debieran haberse sepultado en el pasado.    

Los vecinos nos debemos una ciudad distinta, más participativa, transparente, inclusiva y solidaria. Que brinde oportunidades para todos. Una “ciudad educadora”, que en cada decisión colectiva sea una enseñanza de convivencia.

Una organización, pública o privada, tiene la potencialidad de las personas que la integran. Son el soporte básico. Luego, hay que ver las relaciones de mando internas, el sistema de premios y castigos, los cauces para asegurar la capacitación continua, los procedimientos organizacionales de actuación, etcétera.

La Municipalidad de Monte Quemado tiene actualmente 235 empleados en planta permanente, 37 fueron cesanteados y en su lugar designaron en el Centro Cultural 15, en la Dirección de Rentas a ocho, tres en Bromatología, cuatro en el salón cultural y no se sabe la cantidad de trabajadores en negro, que se estiman son más de 80, los cuales cumplen los más diversos oficios, sin estar agrupados en escalafones y jerarquías.

Cada potestad que los habitantes hemos cedido a la comuna, depende de la idoneidad, iniciativa, creatividad, equilibrio, honestidad, conocimientos y experiencia de sus empleados y funcionarios y eso se denomina idoneidad. Nos cabe a nosotros, los vecinos, la pregunta ¿La actual gestión habrá tenido en cuenta estas condiciones al realizar las nuevas designaciones?

El desarrollo de la ciudad, el diseño e implementación de políticas públicas, la prestación de servicios, los espacios crecientes de participación, la atención de los grupos vulnerables. Todo depende de los empleados municipales, que son la gran herramienta del gobierno local y desde allí su condición.

Todos, absolutamente todos, somos beneficiados o perjudicados por la actuación del personal municipal. Es razonable, entonces, esperar que sean designados los más idóneos, que sean ascendidos los más capaces, que se implementen premios para quiénes se esfuerzan en mayor medida, castigos para los peores, que el municipio implemente formas de capacitación frente a complejidades crecientes en el desempeño de las funciones públicas, en la promoción de los derechos humanos, en la atención y solución de problemas de los que menos tienen.

Hay una idea generalizada de que en el aserradero, el obraje o la empresa privada, el dueño hace lo que quiere. Puede poner o sacar personal –indemnizando–, pero tiene un límite infranqueable: la rentabilidad. Las decisiones que adopte deben siempre asegurar la satisfacción de su negocio en los servicios o productos, porque las pérdidas lo llevan a la quiebra. Las malas decisiones recaen sobre su propio patrimonio. Y es claro entonces que las malas decisiones de los funcionarios municipales van en contra de todos los habitantes de la ciudad.

En la administración pública no hay rentabilidad, porque cada gasto adicional se cubre con mayores tributos, el perjuicio patrimonial lo pagamos entre todos, y no hay posibilidad de una quiebra colectiva. El límite de los gobernantes debería ser, entonces, la responsabilidad política, administrativa y civil. Pero para hacerla efectiva, debería existir un control de gestión –como hay en otros países– que compare los objetivos y metas proyectados en cada período anual, con la cantidad y calidad de los resultados logrados. El gobierno comunal de Monte Quemado no fija objetivos ni metas. Tampoco existe un control de gestión posterior, del que pueda concluirse la falta de idoneidad o contracción al trabajo de un funcionario, o de quién lo designó, o dimensionar el perjuicio ocasionado por mal desempeño, al patrimonio común de la ciudad. Mucho menos sancionar la actuación desviada o discriminatoria para con el empleado ni para con el vecino.

Pero en la administración comunal, existen otros instrumentos constitucionales para asegurar que el plantel de empleados públicos sea el mejor posible. Por una parte, es constitucionalmente exigible la “idoneidad” del empleado público (art. 16 de la Constitución Nacional). Una vez designado adquiere la “estabilidad del empleado público” (art. 14 bis), y leyes supletorias, como es la Ley provincial de Municipalidades 5.590, donde está previsto con muchas lagunas, se incorpore al empleado municipal a una carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por idoneidad; escalafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en cada categoría e incompatibilidades.

A veces se cree, equivocadamente, que estas normas tienen como finalidad establecer privilegios de los empleados o funcionarios públicos, de los que no gozan los trabajadores del sector privado. No es así.

Existe un fundamento de interés común para proteger al empleado público. La Constitución quiere que cumpla la ley, aún cuando le ordenen hacer algo distinto. Y el gobernante tiene la posibilidad de insistir que permite hacer cumplir la orden, pero bajo la exclusiva responsabilidad de quien la imparte. De este modo se pretende evitar la ilegalidad, por ejemplo, que se discrimine según su pertenencia partidaria o su actitud respecto del gobierno.

El empleado debe mantenerse imparcial frente a los conflictos políticos, cumpliendo los deberes de veracidad, legalidad y eficacia. Por ello se lo protege impidiendo el despido sin sumario previo, adonde podrá defenderse de cualquier infracción disciplinaria que se le impute, si esto es así, en Monte Quemado, el intendente Manuel Osvaldo Castillo y la secretaria de Gobierno, Silvia Mariela Castillo, en lo que es un gobierno de familia, sin sumario previo, sin derecho a la defensa, en claro atentado a la estabilidad laboral, declararon no idóneos y cesantearon a 37 empleados municipales, incluido a cuatro maestras jardineras con sus respectivos títulos oficiales, en lo que es un deliberado golpe político a la legalidad y para vergüenza humillación de la democracia, designó nuevo personal de empleados sin concurso de idoneidad.

La igualdad permite que todos podemos acceder a un cargo público mediante un concurso con el que se selecciona al más idóneo, y no dejar sin trabajos a unos, para beneficiar a punteros políticos sin tener en cuenta la capacitación, el estímulo del esfuerzo y se designan en puestos claves, sin evaluar tener idoneidad. Es una burla dejar sin trabajo y sin pan a una familia por no ser idónea, pero para designar, se omite esa condición de capacitación y no hay juez que pueda omitir la contradicción.

Cuando no hay concurso para el ingreso, se desanima a los jóvenes de la ciudad de Monte Quemado, con la lección de que es mejor el acomodo político, que el estudio o el esfuerzo. A quienes ya son empleados públicos, se les transmite que es inútil esforzarse porque con cada nuevo gobierno municipal ingresarán personas con menor capacidad y sin experiencia, que ocuparán mejores cargos y recibirán mayores sueldos, sin permitirles concursar. Y, como no saben, no están capacitados, les molesta tener como subordinados a personas que los superan en todos los planos.

A los que aún pretendan actuar conforme a la ley, o se quejen por ser postergados, o quieran mantener la transparencia en su accionar brindando información, les sucederá lo que está pasando en la Municipalidad de Monte Quemado, una gama de persecuciones disponibles o, incluso, de violencia laboral explícita. Lo han sufrido empleados que inclusive fueron asustados por la propia policía.

Es de esperar que los empleados municipales postergados por la actual gestión del intendente Castillo, apartados de su función, descendidos de su categoría o presionados, se refugiaran en la indiferencia, en la inactividad, o en algunos casos están concurriendo al tratamiento psicológico. Será inútil que desde la Secretaría de Gobierno se continúe discriminando políticamente a empleados, no se puede cancelar en la administración municipal la iniciativa y la creatividad, desmoronando el esfuerzo, el interés por superarse y la disposición para atender, escuchar y brindar servicios a la comunidad. 

Los vecinos de Monte Quemado sabemos que toda decisión municipal está cruzada por un minucioso examen de adhesión al gobierno de turno. No habrá proveedor o contratista municipal que pueda seguir, sin manifestarse públicamente a favor. Las prioridades de pago se harán según el listado de amistad personal o política. Será difícil obtener el más simple trámite comunal, para quién haya osado manifestarse en contra, o pedir explicaciones por lo actuado por los funcionarios en el Municipio o reclamar información pública. Lo sufre este diario digital, El Municipal Web y hasta nos amenazan con cartas documentos, por el sólo hecho de informar sobre los atropellos y abusos que padecen los empleados municipales.

Y esto no termina ahí, también los beneficios sociales, subsidios para las organizaciones comunitarias, o cualquier otro estímulo comunal, estarán direccionados con análogos criterios. Mucho menos obtener publicidad oficial para los medios que no hicieron culto de obsecuencia. Salieron los operadores a comprar micrófonos y conciencia a cambio de contratos y monedas. Podríamos seguir denunciando conductas abusivas, pero cada lector lo completará con su propia imaginación o experiencia.

No es algo inevitable, como una enfermedad o una plaga, sencillamente tenemos que proponernos cambiarlo y no miren al pasado, ni se queden por comodidad en este triste y vergonzoso presente de una democracia, que discrimina políticamente y deja sin pan a unos para alcanzarle a otros.