Obreros municipales  de la ciudad de Monte Quemado denuncian que son removidos en sus funciones por el intendente Manuel Osvaldo Castillo y su hija, la secretaria de Gobierno, Silvia Mariela Castillo.

Señalan que los traslados internos responderían para con el personal sospechado de no haberlos acompañado con el voto en la reelección del mandatario.

Las medidas estarían vinculadas con las elecciones del pasado domingo 7 de agosto, en las que el electorado frustró las ambiciones de reelección de Castillo, quien el lunes al personal administrativo y con categoría en el escalafón, los trasladó a las funciones de serenos en el cementerio que se construye en las afueras de la ciudad; y en otros casos, a personal con jerarquía les designó para que cumplieran servicio de ordenanzas  en establecimientos educativos de la ciudad.

Cabe recordar que este medio, en sus distintas ediciones denunció los métodos autoritarios y abusos  de un gobierno municipal que no respetó los derechos del empleado, desconociendo el escalafón de sus categorías con medidas arbitrarias cargadas de intencionalidad política.   

Si bien es cierto no existe derecho adquirido a una determinada función, en tanto la estabilidad en el empleo público y la categoría comprende el cargo durante el desempeño de la relación laboral, como elementos esenciales del vínculo; en tanto la función, es esencialmente variable a criterio discrecional de la administración en orden a las necesidades coyunturales del servicio y en aras a una mayor eficiencia en su prestación mediante la optimización de recursos en cuanto su actividad depende como en el caso de exigencias mutables en el espacio y tiempo.

Es de recordar que en  la Municipalidad de Monte Quemado, hay personal con formación académica, con categoría, y que por pensar distinto fueron removidas a la cocina para lavar  platos, pocillos y servir café a la secretaria de Gobierno en una clara intención de degradar a quienes fueron sus adversarios políticos, y en lo que representa  una clara violación a los derechos humanos.   

El actuar arbitrariamente, sin causa justificante de una medida en una relación laboral, no solo desbordando límites de la razonabilidad, sino en un claro abuso de poder en perjuicio de cinco empleados municipales que reciben un castigo, por  estar sospechados de ejercer los valores más caros de la democracia: la libertad de elegir. Si esto es así, la conducta política del intendente y de la secretaria de Gobierno debería ser revisada por el  Consejo Deliberante, que es el órgano natural para frenar los abusos del Poder Ejecutivo.