La justicia de Monte Quemado, en base a una serie de denuncias formuladas por la ciudadana Silvia Rivas Jordán, envió cédulas de notificación al intendente Manuel Osvaldo Castillo, y a su hija Silvia Mariela Castillo.

Los notifica por una millonaria demanda contra la municipalidad.

La causa civil se tramita en el Juzgado de esta ciudad  y se encuentra a cargo del Juez ADC, Dr. Facundo Sayago, según la cédula de notificación que se adjunta.

Cabe recordar  y como lo informó este diario oportunamente, la secretaria de Gobierno, Silvia Mariela Castillo, fue denunciada por  el s.d. de Abuso de autoridad y estafa por haber arrendado como propio un local comercial ubicado sobre la ruta 16, habiendo promovido acciones de desalojo por incumplimiento de pago, el que fue consentido por la jueza Valeria Díaz, quien dictó una orden de desalojo del local comercial, restituyéndole como si fuera propio, cuando en realidad pertenecería al patrimonio municipal, inmueble que fue habría sido cedido por Vialidad der la Nación al Municipio, según  la denuncia que dio origen al millonario reclamo.

Este nuevo hecho trascendió y toma estado público en la ciudad de Monte Quemado, y una vez más, el centro del escenario tiene de protagonista a Silvia Mariela Castillo, quien desempeña la función de secretaria de Gobierno, de la cual el intendente es su padre, Manuel Castillo.

En este caso, se trata de una denuncia llevada a cabo por Silvia Rivas Jordán, una conocida comerciante de la ciudad, quien dice haber sido desalojada por la fuerza y en una situación viciada de nulidad por orden de la jueza Valeria Díaz, en base a una denuncia de Castillo, quien a título de dueña, reclama el incumplimiento del pago de un bien, que luego la denunciante estableció pertenecía a la municipalidad, institución con quien  había realizado nuevo contrato de locación, ya que el terreno donde se levanta el local, es por todos conocido como “el quincho”, y que el inmueble se trataría  de un bien público que fuera confiscado por Vialidad y depositado en el cuidado y confianza de la comuna.

Rivas Jordán, en su denuncia manifiesta que en el año 2016 alquiló un local situado sobre ruta 16, donde desarrollaba su actividad comercial a la señora Castillo, pero que al poco tiempo pudo averiguar que la nombrada no era la dueña legítima del lugar, razón por la cual Rivas Jordán le exige a Castillo esclarecer tal situación

Rivas Jordán manifiesta que la gestión de Gobierno municipal anterior le informó que la propiedad no pertenecía a Castillo, sino al municipio y en vista de que hacía ya 3 años que estaba “alquilando” ese lugar, le ofrecen la posibilidad de celebrar un contrato de locación definitivo que le permita continuar trabajando ajustada a derecho.

Explica en su denuncia que el mismo se celebró entre las partes por espacio de 5 años. Por lo que a la fecha, se encontraría en vigencia y por lógica, los pagos lo realizaban al municipio y dejó de abonarle a la Castillo, quien había celebrado un contrato a título de dueña, cuando en realidad el bien era público.

En aquellos años pasados se intentó desalojar a Rivas Jordán de su local, hecho que fue impedido a través de la Justicia, por tener un contrato vigente. Las cosas parecieron ir por carriles normales hasta que los Castillos asumen al poder público  y  ya la denunciada convertida en la  Secretaría de Gobierno de la municipalidad el último sábado de diciembre, para entonces comienza  la feria judicial, sin previo aviso, se presentó con una docena de policías en el local alquilado por Rivas Jordán, el que fue tomado por la fuerza pública y desalojado de manera intempestiva, procedimiento que se realizó con una orden de la jueza denunciada, restituyéndole el local propiedad del municipio a la señora Silvia Castillo a título de dueña, en lo que fue una clara maniobra de un proceso arbitrario, viciado de nulidad.

Rivas Jordán expresó, en aquella oportunidad, que en ese mismo desalojo no se le dejó sacar sus pertenencias y todo fue sometido a un dudoso inventario que no respondería en cifras ni elementos con los que había en el local al momento de ser intervenido.

Rivas Jordán denunció abuso de autoridad por parte de Castillo, y presunta estafa de quien, según expresó, la comerciante “se maneja con total impunidad, sin importarle que lo que esté haciendo, usando sus influencias pasa por encima de los derechos de los demás y por encima de la justicia misma”.