Marcelo Navall, director de la Estación Experimental de Santiago del Estero del INTA, mantuvo un extenso diálogo con Norte Rural donde habló de los desmontes en el Norte Argentino.
Marcelo Navall, ingeniero forestal y referente de la temática, analizó la aplicación de la Ley 26.331. El especialista valoró su impacto positivo en la reducción del desmonte, que se debió al gran esfuerzo de las provincias, frente al déficit en el financiamiento del Fondo Nacional de Bosques.
La Ley de Bosques nació en el año 2007, después de una gran participación social y de un gran debate legislativo, donde el actual gobernador Capitanich fue uno de sus impulsores de su sanción en el ámbito del Senado. Entre sus objetivos, la norma prevé la reducción de la deforestación y la promoción del desarrollo sostenible. En este marco, la Ley permite el desarrollo productivo a través de la autorización estatal de planes, en el marco del ordenamiento territorial, creando el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques” (o Fondo Nacional de Bosques), con el objetivo de compensar a las provincias por la conservación de los bosques.
Según lo establece la propia Ley en su artículo 31, el presupuesto de este Fondo Nacional no debía ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, el cual debía distribuirse según la superficie de bosques de cada provincia, asignando un 30% para fortalecimiento institucional, atención de controles y la gestión forestal, y un 70% para el financiamiento de proyectos sostenibles a productores.
Rollo topadora
“En el año 2019, el financiamiento del fondo fue el 5% de lo que debía ser”
En análisis de estos datos, Navall explica que “se pueden observar claramente sus tendencias opuestas. El financiamiento de la Ley de Bosques nunca alcanzó el mínimo del 0,3% del presupuesto nacional y el déficit de financiamiento respecto a este umbral ha sido constantemente creciente, llegando en 2019 a un déficit cercano a los $12.000 millones. En este año, el presupuesto de la Ley de bosques fue de tan solo el 5% de lo que debería ser. Por su parte, el desmonte en la región chaqueña (que es la que concentra más del 80% de los bosques del país), ha sido notablemente decreciente a lo largo de la serie considerada. De valores que rondaban las 400.000 anuales al momento de la sanción de la Ley de Bosques Nativos, en 2019 se desmontaron cerca de 80.000 ha, un 20% de lo que se desmontaba en 2007”.
Desmonte
Aunque el financiamiento de la Ley de Bosques Nativos ha sido crecientemente deficitario, la reducción de la tasa de desmontes ha sido significativa.
“La evolución de estas variables marca dos momentos contrastantes. Una primera etapa de altas tasas de desmonte en la que aún el financiamiento de la ley no era tan deficitario, y otra etapa (la actual), donde el financiamiento tiene un marcado déficit, pero la tasa de desmontes ha disminuido significativamente”, explica el referente forestal.
“La disminución de la tasa de desmontes es evidente”
El entrevistado dijo que “no quedan dudas de que los controles sobre los desmontes deben continuar, más aún de los desmontes en zonas prohibidas por la Ley 26331, como son los zonificados en categoría “rojo” y “amarillo” de la misma. Sin embargo, el déficit de financiamiento de la Ley de Bosques dificulta las acciones concretas a terreno. Por un lado, la capacidad, actualización y la velocidad de reacción de los equipos de control provincial no se pueden fortalecer para alcanzar el ritmo de la expansión agropecuaria; y por el otro, se dispone de menos fondos para alentar a los productores a implementar prácticas amigables con la conservación y el manejo sustentable de los bosques. Sin embargo, es destacable que, a pesar de la reducción considerable del financiamiento, la disminución de la tasa de desmontes es evidente, y seguramente obedece a causas diversas (compromiso de equipos provinciales, mayor conciencia, efecto de multas, avance en medios de detección temprana de desmontes, restricciones climáticas, precios, etc.)”, afirma el Director del INTA en Santiago del Estero.
Analizando las críticas de las ONGs hacia las provincias, Navall opina que “como sociedad, nos debemos un debate más profundo sobre la necesidad de financiar adecuadamente la Ley de Bosques Nativos, pues la tendencia indica que pronto su presupuesto va a ser insignificante. Lamentablemente ha tenido mucha más prensa la cantidad de desmontes (que ha ido reduciéndose), y no el déficit de financiamiento de la ley (que ha ido aumentando año a año).
“Además de contribuir a la conservación de la diversidad de nuestros bosques, un financiamiento apropiado de la Ley de Bosques permitiría fortalecer acciones de manejo y producción sustentable en los bosques nativos, generando oportunidades de trabajo, impulso a economías regionales, arraigo e ingresos para miles de familias que viven en la región chaqueña, y cuyas vidas están asociadas a lo que pasa en el monte. La ganadería sustentable, el aprovechamiento forestal controlado, la apicultura y muchas actividades productivas más, son compatibles con el cumplimiento de la ley y el sostenimiento de los servicios ecosistémicos de los bosques nativos”, señaló, por último.