La Corte Suprema convocó al Estado Nacional y Santiago del Estero y otras cinco provincias a una audiencia pública en el marco del debate sobre la constitucionalidad del decreto que deroga el Fondo Federal Solidario, conocido coloquialmente como el "Fondo Sojero".

El máximo tribunal dispuso que la audiencia conciliatoria se realice el 26 y 27 de junio, desde las 11, en la causa "Santiago del Estero y otras provincias c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad".

Las provincias convocadas son Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca, que iniciaron causas con idéntico motivo. En la causa se plantea la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 756/2018, que derogó el Fondo Federal Solidario creado por el decreto 206/2009.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, el Gobierno eliminó el Fondo Federal Solidario (FFS) que se conformaba con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja, por lo que provincias y municipios dejaron de recibir $ 35.000 millones entre el mes en que se anunció hasta diciembre de este año.

Según los datos Dirección Nacional de Asuntos Provinciales Buenos Aires fue el distrito que más dinero había recibido en 2017 por el FFS, nada menos que $ 4.023 millones. Le siguieron las otras dos provincias con mayor superficie de soja sembrada en el país: Santa Fe, $ 1.638 millones y Córdoba, $ 1.627 millones. Por su parte, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén fueron las tres provincias que menos dinero recibieron del fondo sojero: $ 226 millones, $ 290 millones y $ 318 millones, respectivamente.

El FFS fue creado mediante Decreto 206/2009 con la finalidad de transferir recursos a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios para financiar obras. Estaba enfocado en acrecentar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población.

Ahora, en medio del ajuste fiscal puesto en marcha con el tutelaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno había decidido eliminar el FFS a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri.

De esta forma el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, con otros cinco mandatarios de provincia, privilegiaron los intereses de sus perspectivos gobernados, y concurrieron a la justicia a reclamar la violación a los derechos de miles de santiagueños, por parte de un gobierno nacional, que desconociendo una ley, borro un derecho mediante un decreto. Reteniendo recursos que por ley le corresponden a los municipios de las provincias.