Por Juan Carlos Sánchez Arnau | Economista y diplomático. Ex embajador en la Federación Rusa. Un poco de historia.

Comencemos por señalar que en diciembre de 1994, cuatro años después de la implosión de la Unión Soviética, el Gobierno ruso presidido por Boris Yeltsin firmó, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, el Memorándum de Budapest, por el que estos países “reafirmaron su compromiso de respetar la independencia y la soberanía, y las fronteras existentes de Ucrania…y reafirmaron su obligación de abstenerse de amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, excepto en defensa propia o en otra forma establecida por la Carta de las Naciones Unidas”. Al mismo tiempo Ucrania se comprometió a unirse al Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares”. A partir de allí, Ucrania cedió a la Federación de Rusia la totalidad del importante armamento nuclear y misilístico de la URSS que había quedado depositado en su territorio. De este modo también quedaron suspendidos, aunque continuaron tiempo más adelante, los conflictos entre Rusia y Ucrania relacionados con la provisión de gas y la tarifa preferencial aplicada al gas vendido a Ucrania y los cánones por el paso del gas ruso a través de los gasoductos que atraviesan el suelo ucraniano para alimentar luego la red de los principales países europeos y particularmente de Alemania.

Sin embargo, el actual conflicto ruso-ucraniano no está vinculado a esa ya antigua controversia entre ambos países, sino que es una etapa más de un largo proceso que comenzó cuando Estados Unidos trató de integrar a la República de Georgia a la NATO. El Gobierno ruso sintió que así se ponía en peligro su seguridad en el flanco sur y optó por reactivar un conflicto interno entre “clanes georgianos” que finalizó en 2008 con una guerra de cinco días entre Rusia y el pequeño país de Asia Central y el posterior desprendimiento de dos territorios que formaban parte de la República de Georgia: Abjasia del Sur y Osetia. Hoy repúblicas “independientes” que cuentan con la presencia de fuerzas rusas enviadas allí como “pacificadores” de aquel conflicto.

La segunda etapa se inició en noviembre de 2013 cuando el Presidente pro-ruso de Ucrania, S. Yanúkovich, suspendió la negociación de un acuerdo de libre comercio y posterior accesión a la Unión Europea. Esto originó una revuelta popular que terminó en febrero de 2014 con la caída de Yanúkovich El conflicto puso de manifiesto la división del país entre las poblaciones de origen ruso y ruso-parlantes y el resto de los ucranianos. Este conflicto se agravó un mes después en Crimea y en la ciudad de Sebastopol que se levantaron contra el gobierno de Kiev. Recordemos que Crimea había sido cedida a la República Socialista Soviética de Ucrania por Nikita Kruschev (que era ucraniano) después de la muerte de Stalin para mejorar la imagen soviética en ese país, que había sido víctima de la terrible represión stalinista de 1931/33 a raíz de la oposición del campesinado ucraniano a aceptar la colectivización de la tierra. El conflicto en la Región Autónoma de Crimea terminó con un referéndum cuyo resultado fue el desprendimiento de esta región de Ucrania, que así volvió a formar parte del territorio ruso. El paso siguiente fue la construcción en tiempo récord del puente de Kertsh en la desembocadura del mar de Azov. Con sus 19 kilómetros de largo une desde marzo de 2018 el territorio de Rusia con el de Crimea. Poco después, un conflicto entre una flotilla ucraniana y barcos de guerra rusos, pusieron de manifiesto la intención de Rusia de controlar el paso que une el Mar de Azov con el mar Negro y de este modo el tráfico desde y hacia los puertos ucranianos de Mariúpol y Berdyansk, de donde sale buena parte de las exportaciones de acero y minerales de Ucrania.

Por otra parte, los disturbios de 2014 tuvieron su expresión más violenta en la región del Donbass, al este de Ucrania y en la frontera con la Federación de Rusia, donde la mayoría de la población de origen ruso se levantó contra Kiev pidiendo su autonomía. Esto originó duros enfrentamientos armados con la población local de origen ucraniano. En esos enfrentamientos tomaron parte grupos de “voluntarios” rusos que ayudaron a consolidar la posición militar de las autoridades locales y se enfrentaron con el Ejército ucraniano, que fue derrotado después de varios meses de cruentos combates. Esto dio lugar a la consolidación de dos enclaves “pro-rusos”, Donetsk y Lugansk. La gravedad del conflicto llevó a una negociación entre Ucrania, Rusia y la Organización Europea de Seguridad y Coopeeración (OSCE) que dio origen al Protocolo de Misk I, que estableció el cese del fuego y creó una zona desmilitarizada, pero que fue rápidamente superado por nuevos enfrentamientos armados. A partir de allí se generó a una nueva negociación con la participación de Francia, Alemania y Belarús, más Ucrania y representantes de las dos nuevas “repúblicas”, que se concretó en el Acuerdo de Minsk II que estableció el alto del fuego sobre la base de una línea actualmente vigente en la región del Donbass, la concesión de un status especial a las dos regiones involucradas y el retiro de tropas y armamento ruso. Sin embargo, este acuerdo no consiguió el cese de las hostilidades y tras una serie de graves enfrentamientos militares se llegó a un nuevo cese del fuego y a una negociación con la participación de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania que se concretó en febrero de 2015 con la firma del Acuerdo de Minsk II. El acuerdo preveía la autonomía de las dos regiones citadas y la realización de elecciones libres para decidir sobre su futuro. Posteriormente fue ratificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero siempre dejó la puerta abierta a marcadas diferencias de interpretación entre las partes involucradas.

La siguiente etapa de este proceso comienza con la elección de Volodímir Zelinski como nuevo Presidente de Ucrania y sus declaraciones en junio del año pasado de que su país será miembro de la OTAN. Según Zelinski habría recibido seguridades de los países miembros de que se iniciaría el proceso de adhesión siguiendo el procedimiento establecido para esos casos. Para la concepción rusa de su seguridad, esto resulta inaceptable. Por esa razón desde que Estados Unidos y otros países “occidentales” aplicaron sanciones a Rusia por la anexión de Crimea y mucho más desde las declaraciones de Zelinski, el Gobierno ruso comenzó la preparación de un gran operativo que podríamos caracterizar por cuatro pasos: preparación de un despliegue militar y naval sin precedentes, consolidación de reservas bancarias y de un “fondo anticíclico” que hoy sumarían el equivalente de 631.000 millones de dólares, la adopción de un conjunto de medidas dirigidas a protegerse de nuevas sanciones, y un acercamiento con China que le permita eventualmente contar con respaldo político y económico en el Este.

A partir de allí, el Presidente Putin inició un proceso de amenazas de intervención armada en Ucrania, alternadas con la aceptación de procesos de negociación que se han ido interrumpiendo uno tras otro, para dar finalmente lugar a dos hechos políticos: el reconocimiento de la República de Donetsk y la República de Lugansk y la autorización al Ejército Ruso para entrar en ambas a los efectos de proteger a la población local de las agresiones del Ejército Ucraniano. Al mismo tiempo, desde Rusia se “invitó” a la población de ambas “repúblicas” a buscar refugio en territorio ruso ante la posibilidad de una escalada del conflicto militar. Según el Gobierno ruso, esa autorización aún no ha dado lugar a la entrada de tropas de su ejército en territorio ucraniano, algo que es desmentido por Kiev y por algunos países miembros de la NATO.

Una columna de humo se eleva de un incendio junto a un edificio del Ministerio de Defensa ucraniano en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022, en esta captura de vídeo. REUTERS TV/vía REUTERS

Una columna de humo se eleva de un incendio junto a un edificio del Ministerio de Defensa ucraniano en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022, en esta captura de vídeo. REUTERS TV/vía REUTERS

Como puede observarse hay un patrón de conducta evidente de parte de Rusia: ante cada acto o anuncio que es interpretado por su gobierno como una amenaza a su seguridad, responde con acciones, mediante el uso de la fuerza o de mecanismos considerados ajenos al derecho internacional, que terminan con la “recuperación” de regiones generalmente habitadas por poblaciones de origen ruso o que han estado tradicionalmente bajo su esfera de influencia.

Ahora el mundo aguarda conocer las represalias económicas que los países miembros de la OTAN aplicarán a Rusia, a sus líderes y posiblemente también a los dirigentes de las mencionadas “repúblicas”. Por ahora las sanciones de los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y la Unión Europea, se limitan al plano económico y alcanzan a aquellas personas e instituciones que mantengan relaciones con dichas repúblicas, a dos grandes instituciones financieras rusas y a algunos personajes de la nueva “Nomenklatura” rusa, además de impedirle a Rusia tomar nueva deuda o renegociar la existente en los mercados occidentales de capitales. En todo caso, ya sea por la aplicación de esas sanciones o por el pánico generado por la posibilidad de un conflicto armado que involucre a Rusia, la caída de valor de las empresas que cotizan en la Bolsa de Moscú ha sido superior al 25% en pocos días. Además, la OTAN tiene previsto adoptar nuevas sanciones “si Rusia siguiera invadiendo Ucrania”. Mientras tanto, el Canciller Alemán ha anunciado la suspensión temporaria de la concesión del acuerdo para el gasoducto Nord Stream 2 que atraviesa el Mar Báltico y que está llamado a independizar la provisión de gas ruso a Alemania (40% de su consumo) de los gasoductos que pasan bajo el suelo de Ucrania.

Estamos ante el primer gran conflicto entre la Federación de Rusia y la OTAN desde la implosión de la URSS, con el agravante de que es un conflicto en suelo europeo y que la presencia militar rusa se ha materializado también en el territorio de su aliado Belarus, amenazando de este modo a sus vecinos, Polonia, Letonia y Lituania. Cabe señalar que en este último país, así como en la vecina Estonia, aproximadamente un cuarto de la población es de origen ruso. Por ello y como forma de prevenir los riesgos de una invasión desde Rusia o Belarús a esos países, Estados Unidos ha comenzado el envío a Estonia de algunas fuerzas de infantería y aviación de combate estacionadas en otros países de la OTAN.

Conocidas las primeras sanciones y las posiciones expresadas por las grandes potencias, incluida China, en el Consejo de Seguridad, cabe ahora preguntarse: ¿cuál será el próximo paso de Rusia en esta partida? Podría contar con diversas opciones, entre ellas:

1 Conformarse con haber consolidado la independencia de las dos “repúblicas” del Donbass y de haber mostrado al mundo la capacidad de despliegue militar de Rusia. Dar por terminados los “ejercicios militares” y enviar de vuelta sus ejércitos a los lugares de origen.

2. Aceptar alguno de los canales de diálogo abiertos (el “Formato de Normandía” utilizado para los Acuerdos de Minsk, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, u otro) para seguir presionando desde allí por obtener objetivos más importantes. Estos serían:

- Obtener el reconocimiento formal de Ucrania y/o del resto de Europa a la independencia de las dos “repúblicas” y a la anexión de Crimea.

- Obtener la “finlandización” de Ucrania, es decir una declaración unilateral o un compromiso internacional, de que no será miembro de la OTAN.

- Lograr, tal como lo ha reclamado el Canciller Lavrov, que la OTAN se retire de aquellos países que se unieron a esta alianza con posterioridad a noviembre de 1997. Es decir, los países bálticos, Polonia, Eslovaquia, la República Checa, Hungría, Eslovenia, Croacia, Albania, Montenegro y, “especialmente” (el énfasis es del Ministro Lavrov), Rumania y Bulgaria.

- Avanzar con otros acuerdos de limitación de armamentos y creación de condiciones de confianza en el teatro europeo entre Rusia y los miembros de la OTAN.

3. Ingresar abiertamente con sus fuerzas en las dos “repúblicas” y estacionarlas allí como “garantes de la paz”.

4. Seguir adelante y traspasar la línea de cese del fuego acordada en Minsk II y tratar de controlar todo el territorio del Donbass, sin penetrar más allá de la frontera de esta región. Esto encontraría la resistencia del Ejército de Ucrania y de la población local y desataría consecuencias difíciles de prever.
5. Invadir Ucrania desde el este y el norte y tomar Kiev o al menos rodearla hasta establecer un gobierno títere en Ucrania que le asegure la “finlandización” del país.

Obviamente, estas posibilidades y objetivos podrán combinarse en función de la percepción rusa acerca de su capacidad de acción y las posibilidades de reacción de sus enemigos. En todo caso, no podrá escapar a Moscú que ya ha generado reacciones que podrán dar lugar en el futuro próximo a una mayor cohesión en el plano de la defensa, dentro de la NATO y en el marco de la Unión Europea.

En definitiva, este conflicto se encierra dentro de un proceso de acción y reacciones entre los miembros de la OTAN y Rusia que ya ha tenido varios capítulos y que diera la impresión de que aún no ha finalizado. En todos los casos Rusia se ha apartado de las normas del derecho internacional y ha desconocido sus propios compromisos en las regiones en disputa. Hasta aquí, ha obtenido en cada capítulo alguna ventaja territorial. En algún caso (Crimea) muy importante.

El actual conflicto es un salto mayor en ese proceso que, de continuar o extenderse, puede encontrar muy fuertes resistencias entre los miembros de la OTAN o de parte del Ejército ucraniano y su población civil. A lo que cabe agregar las consecuencias humanitarias que surgen de estos conflictos. En la misma Rusia es posible que, más allá de tocar el sentimiento de orgullo nacional de ver a su país de nuevo convertido en un actor importante de la escena internacional, surjan resistencias a involucrar al país en un nuevo conflicto armado. En un país donde costó mucho olvidar la experiencia de Afganistán y aún está fresca la de las guerras de Chechenia.

Argentina y el conflicto

Para cualquier gobierno argentino definirse políticamente frente a este conflicto debería ser tarea fácil: nunca podríamos aceptar el desmembramiento de una parte o región de un país por vía del uso de la fuerza y mucho menos que ello diera a sus habitantes el derecho a proclamar su independencia. Sería no solo contrario a los principios del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, sino que también sería contradictorio con nuestros intereses y posición histórica respecto de las Islas Malvinas. El actual gobierno, en cambio, ha tenido particular cuidado en su primera y muy breve declaración en condenar la actuación de Rusia ante este caso y en su pronunciamiento señala que “todas las partes involucradas” (lo que supone a incluir a las dos “repúblicas” separatistas) deben avanzar en una “negociación diplomática que permita una salida política…” No queda claro, tampoco, cómo será tomada esta declaración por parte de Estados Unidos y Alemania en momentos en que el gobierno está transitando la etapa final de la negociación de un acuerdo con el FMI.

En plano de la economía, este conflicto suma incertidumbre a la incertidumbre. El mundo no ha salido aún totalmente de la pandemia y de sus consecuencias económicas: Estados Unidos conoce una inflación de más del 7% anual y Europa no escapa al fenómeno del endeudamiento que originaron las políticas expansivas destinadas a evitar el impacto de la parálisis y disrupciones originadas por las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia. La tensión e incertidumbre que genera este conflicto agrava marcadamente dicho cuadro. ¿Qué se puede prever en este contexto?

1. Una mayor presión sobre el Euro, dado que el teatro del conflicto incluye a países miembros de la zona Euro.

2. Posiblemente la adopción, por parte de los Estados Unidos, la UE y otros países, de medidas monetarias más restrictivas que las que estaban prevista como prevención ante eventuales desarrollos de la situación política.
3. Riesgos de mayores interrupciones del transporte y aumento de fletes tanto en el Báltico como en el norte de Europa y en los puertos del Mar Negro, y por extensión en el resto del mundo.
4. Estos problemas se agregarán a los que ya están sufriendo diversas industrias afectadas por disrupciones en las cadenas de valor y demoras en el abastecimiento de insumos.
5. Aumento de los precios de los productos de exportación de Ucrania y de los procedentes de las regiones de Rusia y de Belarús cercanas al conflicto. Esto es especialmente válido para el aceite de girasol (Ucrania es el mayor productor y exportador mundial), para el trigo y la cebada (y para sus sustitutos, incluyendo la soja y sus derivados); el mineral de hierro y diversos metales básicos que también entran en las exportaciones de Ucrania. Y finalmente la madera en bruto, de la que Belarús es un importante exportador a otros países europeos.
6. El mayor problema, sin embargo, se presenta en torno al gas. Un porcentaje importante del gas exportado por Rusia está destinado a atender el 40% del consumo doméstico de Alemania y a buena parte del consumo de otros países de Europa central. Prácticamente la totalidad de ese gas pasa a través de gasoductos que atraviesan territorio ucraniano y son controlados por empresas rusas. Alemania y el resto de los países europeos que podrían ser afectados en su provisión de gas, ya sea por sanciones aplicadas a Rusia o por el conflicto mismo, han constituido tantas reservas como era físicamente posible en vista de esta situación, o están recurriendo a medios alternativos para atender las necesidades de calefacción y de generación de energía. Además, dada la situación del mercado mundial, con países como Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Argelia, y Egipto que cuentan con reservas y capacidad de exportación de gas, ya sea vía gasoductos (Argelia en particular) o en forma de gas licuado, la discontinuidad de los abastecimientos podrá ser más o menos rápidamente solucionada, posiblemente en un contexto de aumento de precios, especialmente en el corto plazo.

Con este panorama por delante, cabe concluir, muy provisoriamente, que Argentina se verá perjudicada por la creciente incertidumbre en materia monetaria ante la perspectiva de aumentos de tasas de interés superiores a las que ya estaban previstas que incidirán sobre sus deudas y sobre las eventuales posibilidades de financiamiento externo (incluyendo el del FMI y de los otros organismos financieros internacionales). Esto aboga en favor de la rápida conclusión del acuerdo con el FMI para evitar que el país caiga en “arreas” en medio de esta situación financiera y política mundial. También el país se verá afectado por el aumento de los fletes del transporte marítimo y los seguros.

Por otra parte, también cabe prever que, al menos en el corto plazo, los productos agrícolas de exportación de Argentina -salvo que sean afectados por una eventual devaluación del dólar- conocerán sensibles incrementos de precios. Esto vale para todo el complejo oleaginoso. Para el trigo, la cebada y para el maíz. Lamentablemente se produce en momentos en que el país es afectado por una dura sequía que resta capacidad a la producción y a la exportación.

En lo que al gas se refiere, el único problema serio que enfrenta Argentina es poder contar con las divisas necesarias para atender las importaciones de gas licuado entre los meses de mayo y agosto, cuando el consumo supera la producción y a veces hasta es necesario suplantarlo para la generación de energía con fuel-oil o gas-oil de mayores costos. A los precios actuales se trataría de una factura de unos 4.600 millones de dólares, que teniendo en cuenta los trastornos de mercado antes señalados, podrán ascender a una suma por ahora indeterminada.