Por Tony Villavicencio.- Las comunidades campesinas del departamento Copo y Alberdi se declararon en estado de alerta, a partir de los daños causados por una banda de forajidos en la posición del campesino Raúl Ricardo Mansilla, a quien incendiaron la vivienda, destruyeron los alambrados, las aguadas, el pozo surgente y toda otra mejora que construyó a lo largo de los años que ocupó la tierra.

Está claro que el latifundio no está dispuesto a reconocer los derechos de los campesinos, poseedores de la tierra donde introdujeron mejoras en casos de familias de campesinos que retienen la posesión de hasta tres generaciones y donde explotan la tierra para sobrevivir en forma pacífica. 

El nuevo hecho delictivo, perpetrado en el campo Dos Hermanos en cercanías de La Virtud, departamento Copo, es el inicio de una escalada de violencia de un latifundio que no está resignado a perder derechos y utiliza la violencia para imponer una propiedad que nunca la ejerció y al respecto, la Ley en su aplicación es clara y contundente. Las mejoras introducidas en el campo, crean derechos y destruirlas es negar la legitimidad de la posesión.

Con este antecedente de violencia de los más fuertes, ocurridos en el campo de la virtud, los campesinos han interpretado que sus posiciones se encuentran en peligro y en una actitud defensiva, se declaran en estado de alerta al que esperan que sea la justicia la que obre y frene la violencia de los pudientes.

Conflictos sin resolver

En 2007 los empresarios Iván Gándara y Luis María Méndez Ezcurra, compraron tres lotes que suman 17.800 hectáreas en el noroeste de Santiago del Estero, bajo la firma Sacha Rupaska S.A. Uno de los lotes, denominado Piruaj Bajo, fue subdividido y la parte que coincide con la zona en la que se asientan aproximadamente 80 familias, vendida al empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati. Integrantes de las comunidades declaran que ésta fue una estrategia de los empresarios para que el reclamo de la comunidad se focalice solo sobre estas tres mil hectáreas y no sobre la superficie total del lote, del que las familias vienen haciendo uso por generaciones.

Incumplimiento de los empresarios

En 2008 los pobladores realizaron una denuncia por usurpación en el juzgado provincial de Monte Quemado. En el año 2010, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de Piruaj Bajo en el juzgado federal. Durante ese periodo en el cual se mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplieron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta tanto se llegara a una resolución; y se realizó lo que en la zona es recordado como una gran pueblada que logró expulsar a los empresarios.

De este hecho, que se señala como uno de los de mayor intensidad en la zona, participaron diferentes organizaciones campesinas como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), la Organización Campesina de Copo Alberdi y Pellegrini (OCCAP) y la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN).

Sin embargo, luego de un tiempo, cuando el clima social ya se había calmado los empresarios de Sacha Rupaska S.A. regresaron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para el trabajo con ganado, dificultando así el juicio de usucapión que pudieran realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj Bajo sobre sus territorios.

Compradores de voluntades

En este sentido, los pobladores aseguran que la empresa ha implementado esto como una nueva estrategia: “Llegan más silenciosamente, ganan derechos sobre el territorio con actos posesorios y van comprando nuestra voluntad cuando ofrecen algunos trabajos”; “quieren provocar la desunión entre nosotros, algunos creen que van a ofrecer trabajo a todos, pero eso en otras zonas de Santiago no ha pasado, ahora los empresarios se muestran como buenos”.

Integrantes de la Parroquia de San José de Boquerón en su oportunidad apuntaron: “Empezamos a ver que los pobladores estaban siendo engañados, y que sus formas de defensa más territoriales son muy útiles para determinadas ocasiones, pero ahora se estaban necesitando otros métodos y otras herramientas, entonces decidimos retomar el tema y vimos que entre los campesinos había mucha preocupación a pesar de la aparente calma de los últimos años”.

En agosto de 2015 se comenzaron a organizar nuevamente y entre las diversas actividades que realizaron los curas jesuitas en conjunto con las comunidades, se pueden enumerar reuniones con los pobladores de las comunidades más afectadas, talleres con el Comité de Emergencia de Tierras de la provincia y encuentros con el fiscal general, Gustavo Gómez.

El primer encuentro taller con el fiscal se realizó el 28 y 29 de noviembre de 2015, posteriormente se efectuó un operativo en la zona con presencia de agentes policiales de varios pueblos cercanos debido a que Cesar Decilia (administrador de la empresa Sacha Rupaska S.A.), se comunicó con el jefe de policía de Santiago, alertando sobre una supuesta toma de tierras que realizarían algunas de las comunidades e integrantes de la Parroquia.

Un segundo taller se realizó el fin de semana del 9 y 10 de abril de 2016 donde Notas estuvo presente. Allí los pobladores analizaron las diferentes estrategias para continuar avanzando con el reclamo a nivel judicial y manifestaron la limitación de no contar con más abogados comprometidos que estén dispuestos a enfrentar el sistema administrativo de la justicia para obtener respuestas satisfactorias.

El fiscal indicó que los talleres son abiertos para integrantes de las comunidades y que tienen el objetivo de que todos los pobladores tengan un conocimiento pleno de sus derechos y de las herramientas con las que pueden contar en la justicia.

Ante lo que parece ser un conflicto con final abierto, desde las comunidades manifiestan que continuarán organizándose y reclamando por su derecho sobre el territorio ocupado por la empresa Sacha Rupaska S.A.

Todo pasó en estos últimos años y luego llego la calma, hasta que el pasado 17 de octubre, nuevamente la violencia cuando vándalos ocultos en la noche en nombre de una empresa latifundista destruyeron los alambrados, la represas, el pozo incendiaron la vivienda y se robaron todo lo que se pudieron llevar de la sección F parte del lote 7, ocupado por el denunciante Raúl R. Mansilla, territorio que antes nunca fue reclamado como propio por la empresa violenta, la que en este caso está siendo investigada por la Fiscalía de la ciudad de Monte Quemado.

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