Un verdadero escándalo agobia la gestión del intendente Ibáñez, caracterizado por los permanentes malos manejos en todas las áreas, fundamentalmente, en cuanto a lo administrativo se refiere.

Esta vez, el centro de la atención está puesto en el Honorable Concejo Deliberante, desde donde habría desaparecido una importante documentación, recayendo la responsabilidad sobre el presidente del cuerpo deliberativo, Dr. Dante Mujica, quien se encuentra de licencia y la vicepresidenta Carina Azar, quienes a su vez pretenden sancionar a empleados por esta situación, lo que generó un gran malestar entre la planta del personal del Concejo.

Según trascendió, importante cantidad de carpetas que contienen decretos y ordenanzas habríandesaparecido” sin explicación alguna, siendo responsabilidad de las autoridades del cuerpo, su guarda y custodia. La situación que ahora desvela a la gestión del intendente Ibáñez y que ya tendría trascendencia judicial, ya había sido advertida por concejales de la oposición, quienes pidieron en enero del presente año al secretario parlamentario, informes sobre supuestas anomalías en este sentido, ya que sostenían que tanto el presidente como la vicepresidenta y algunos concejales que responden al intendente Ibáñez, habrían llevado documentación oficial a sus domicilios, violando todas las normativas.

En diálogo con Nuevo Diario, algunos empleados que solicitaron resguardar sus nombres por temor a las represalias que caracterizan a la gestión de Ibáñez, sostuvieron por lo bajo que tanto el presidente como la concejal Azar, “estarían llevando documentación a sus domicilios y nadie puede saber si la traerían o no de vuelta y nadie puede decirles nada, porque sinó amenazan con sanciones y hasta despidos”.

Otra de las empleadas agregó que “no sabemos qué buscaban, pero siempre estaba el comentario en los pasillos del Concejo y ahora cuando sale todo a la luz, quieren usar ese tema para acusar a empleados que quieren trasladar o sancionar, haciendo de la persecución una forma de gobierno que los concejales oficialistas parecieran compartir y ser cómplices”. Para finalizar, los empleados sostuvieron que “estamos haciendo llegar al gobierno provincial nuestra preocupación por lo que está pasando, ya que somos simples empleados a los que se nos acusa de cosas que no haríamos jamás y además muchos de nosotros somos militantes sociales que creemos en un proyecto de provincia en libertad que pareciera que no se da en Añatuya”, sostuvieron.

Lo cierto es que la desaparición de la documentación oficial y de cuya seguridad deberían encargarse las autoridades legislativas, es solo la punta de un problema que amenaza con tener derivaciones aún mayores.