La comunidad aborigen de la localidad de Nueva Pompeya (Chaco) y pobladores de parajes limítrofes con la provincia de Santiago del Estero, denuncian que productores madereros santiagueños ingresan a su territorio y explotan los montes, llevando sin control la madera.

Según lo publicado por el diario El Norte de la vecina provincia, desde hace varios años, miembros de la comunidad Wichí de Misión Nueva Pompeya y pobladores de parajes limítrofes con Santiago, vienen denunciado que se está destruyendo el monte nativo. Según la reglamentación vigente, el diámetro mínimo de corte son 45 centímetros en la especie algarrobo, pero los denunciantes han detectado cortes en diámetros de 33 y 35 cm. Además, se dejan tocones de 80 cm y 1,20 metros, desaprovechando gran cantidad de madera, ya que según les informaron en la delegación local de la Dirección de Bosques, se debe cortar a menos de 30 cm de altura.

Este despilfarro se realiza con la anuencia de la Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya, cuyo presidente, Clorindo Nucus, concejal del Partido Justicialista, en vinculación con un fuerte obrajero de la ciudad de Monte Quemado, es denunciado. Cabe mencionar que no sólo los une la política, sino también la explotación clandestina de los bosques chaqueños asignados a los aborígenes.

Según sostuvieron los denunciantes al diario El Norte que la extracción está siendo realizada por obrajeros ajenos a la comunidad. Vienen los tractores con los acoplados a cargar para un aserradero de Monte Quemado y nadie los controla, cuando esto está expresamente vedado por la Ley Provincial Nº 3258, que en su artículo 12 prescribe:

“Las tierras adjudicadas en propiedad a las familias y comunidades indígenas no podrán ser usadas o explotadas directa o indirectamente por personas ajenas a la comunidad, físicas o jurídicas no indígenas”. Se quejaron integrantes de la comunidad Wichí, que insisten con sus denuncias sobre la destrucción del monte.

Una nueva denuncia fue realizada en el mes de agosto, en la Fiscalía del Juzgado Multifueros de esta localidad, a cargo del fiscal Eduardo Ezequiel La Regina, quien hasta ahora no ha citado a los denunciantes. El hecho de que él mismo sea hijo de un empresario dedicado a la extracción forestal no es muy alentador para estos miembros de la comunidad. “Nos dice que tenemos que esperar que nos citen, pero hasta ahora no pasa nada y seguimos viendo a los tractores y acoplados del político de Monte Quemado que se viene a llevarnos la madera en los montes del límite con Santiago”.

Testimonios

José Cuellar, poblador de ese paraje y productor familiar de ganado mayor y menor asegura que “el árbol es como mi madre, cuando hay chaucha nosotros juntamos y le damos a los chicos. Si nosotros dejamos, (que hagan esto) nosotros qué vamos a comer, y los animales qué van a comer.

Amalia Martínez, del paraje 7 Viviendas, que se dedica a la producción de cabras, pidió que respeten los árboles que rodean a su vivienda, pero no fue escuchada. “Los que tienen autoridad son los presidentes”, le contestaron, “vos no podés decir nada”.

José Cuellar agregó que nosotros no sabemos qué destino tiene la plata de lo que están cortando hace tantos años. Tenemos un alambrado perimetral que hay que mantener, pero no se hace nada para la comunidad. Encima están regalando la madera, pagan diez mil pesos por un equipo que tiene alrededor de 40 toneladas. Desde las 6 de la mañana se escucha al motosierrista, incluso sábado y domingo. Aprovechan que la gente va a las iglesias y descuidan el campo”. En una presentación, solicitaron que el pago de la madera cortada se entregue a la comunidad de donde se extrajo la misma “y no es justo que porque estén en la política los santiagueños nos lleven la madera”.

Según los estatutos la Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya, y que alcanzan hasta los límites con Santiago, todo pedido de autorización de corte de madera o extracción de los recursos naturales debe realizarse previa Asamblea Extraordinaria con participación de la comunidad, donde se determine: a qué fines se autoriza el corte de madera, a qué se destinará el dinero producto de dicho corte y cuál será el beneficio comunitario del mismo. Nada de esto fue notificado, ni consultado a la comunidad, por lo que consideran que la Dirección de Bosques debería controlar y evitar la fuga de la madera de Chaco hacia otra provincia.

Cuellar y Berté piden que “se pare inmediatamente el corte al menos dentro de las 20 mil hectáreas (propiedad comunitaria Wichí), sabemos que también se extiende la irracional explotación a los bosques cercanos a los límites con Santiago del Estero, donde desde hace tiempo opera una banda manejada por un obrajero que está metido en la política de Monte Quemado, y es nuestro gobierno el que nos tiene que defender y no lo está haciendo”, sentenció el productor chaqueño.