El Código Penal de la Nación Argentina establece como conducta típica la de aquella persona que desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Vulnerando el bien jurídico protegido por el art. 239 del C.P., que es el normal desenvolvimiento de la administración pública, tipificando el delito como desobediencia a la autoridad.

Si los Jueces de la justicia de Joaquín V Gonzales, de la provincia de Salta no tienen la capacidad para hacer cumplir la Ley que ellos mismos la administran y la aplican, deberían cerrar el juzgado y el pueblo salteño estaría expuesto volver a la Ley del más fuerte. 

Otros se preguntan, el Condigo Penal que es de aplicación para todo el territorio argentino pareciera que no es de aplicación en los límites de los departamentos Copo (Santiago del Estero) y Anta (Salta).

La ausencia de justicia asfixia a numerosos pobladores santiagueños, desde que el Canal de Dios fue definido como nuevo límite entre las dos provincias, y subdivide propiedades y posiciones de viejos pobladores.

La tierra que ahora pertenece a la provincia vecina de Salta es judicializada, y los santiagueños litigan en los juzgados de Joaquín V Gonzales, donde se ha observado en torno a la justicia que operan verdaderas mafias, direccionadas   a despojar de derechos a los verdaderos ocupantes.

Son numerosos los litigios en estas tierras ganadas por Salta desde el nuevo trasado de los límites y en torno a las mismas, se han elucubrado desde influyentes estudios jurídicos, maniobras judiciales y, en algunos casos, también como dice el Salteño “fuqueadas”.

Hay ocupantes impostores, hay grupos económicos que aspiran usar a la justicia salteña y quedarse con todo. Es que desde Cruz Bajada a Lorena, son algo así de 70 mil hectáreas que les cayeron del cielo a los hermanos salteños. Y no son pocos los santiagueños que están pegados con sus lotes subdivididos, la mitad en Santiago y la otra en Salta. Al acecho los estudios jurídicos fabricando estrategias truchas para confundir a la justicia y despojar de las posiciones a los santiagueños.

Un caso emblemático

El caso es el de don Andrés Palavecino, ocupante eterno del campo denominado Choya, de cuya posición del lado de Salta le quedó el chiquero, el empastado y otras mejoras, es un litigio judicial emblemático se ventila en el juzgado de Gonzales, desde donde hubo mediaciones y, últimamente el juez resolvió un interdicto de no innovar, pero claro, la medida no se cumple, y hay clara y peligrosa desobediencia por parte de la familia Argañaraz,  que  con asombrosa impunidad y en gran escala explotan el monte, cargan la madera y en forma deliberada la comercializan hacia los aserraderos de Taco Pozo y Monte Quemado.

El delito de desobediencia judicial, es denunciado por la familia Palavecino que no encuentra respuesta alguna en la policía, en las fiscalías ni en el Juez. Por lo que la peligrosa ausencia de la justicia compromete la Paz en los límites de los departamentos Copo y Anta de las provincias de Santiago del Estero y Salta.