Dos hermanitos santiagueños se convirtieron en cautivos de una imprevisible batalla legal entre sus padres, quienes litigan en dos jurisdicciones diferentes.

Ella, desde Monte Quemado, Copo, denunció "impedimento de contacto" y él, en Cosquín, Córdoba, contragolpeó con "violencia familiar". 

Separados desde hace varios años, a fines de diciembre del 2021 el padre arribó a Monte Quemado y habría acordado con su ex que los niños, de 7 y 9 años, pasarían con él las fiestas en Córdoba y los regresaría en febrero de este año. 

El 13 de febrero la madre habría denunciado en la Seccional 22 que su expareja la bloqueó en su celular. También, interrumpió todo contacto y entabló en su contra, en "La Docta", una causa por violencia familiar. 

Acto seguido, el fiscal de Copo, Santiago Bridoux, habría imputado al sujeto por "supresión de menores", requirió su detención y afectó a personal de la División Búsqueda de Personas.

Notificada, decreto mediante, la jueza de Control y Garantías subrogante, Valeria Díaz, habría rechazado el pedido de detención y emitido un decreto solicitándole una aclaración. 

En contexto, la jueza habría requerido al fiscal que previo a una orden de detención notificara al progenitor a comparecer a la Fiscalía. Y solicitará información de la causa de violencia, ya que existe la posibilidad que cuestiones de familia tiendan a ser criminalizadas en órbita penal. 

En forma paralela, el padre de los menores, domiciliado en Santa María de Punilla, habría interpuesto una denuncia en contra de su expareja ante el Juzgado de Juzgado de Familia y de Género, en Cosquín. Siempre sobre la base de las actuaciones, el 18 de febrero un juez cordobés dictó una resolución. En ella, impuso a la madre de los menores "medidas restrictivas por violencia de género". 

El escenario es complejo e incierto para ambos por igual. Desde Monte Quemado fueron librados los exhortos. En ellos, se le pidió al juez cordobés notificar al progenitor que comparezca a Monte Quemado.

En efecto, el Juzgado cordobés dio cumplimiento, pero informó que el domicilio del padre era inexistente. Subsanado un error por la fiscalía, otra vez fue notificado el padre en su domicilio real. El diligenciamiento retornó ayer a Santiago del Estero y el hombre deberá viajar a nuestra provincia en los próximos días. ¿Vendrá? El riesgo de quedar detenido es obvio. 

"Aquí está imputado y hay una madre que no sabría nada de sus hijos desde el mes de febrero", señaló Bridoux. Ahondó que pidió al juez que decline competencia y, del mismo modo, ahora el funcionario santiagueño sería interiorizado de las actuaciones en la Justicia de Córdoba.

 También por la restitución y ante un juez de Familia

La madre santiagueña habría motorizado ahora una “medida cautelar” de restitución de sus hijos, Defensoría de Menores mediante, y el futuro es potestad de un juez de Familia. Ese proceso de restitución de los menores será lento y sostenido en una investigación paralela, con equidad de respeto del derecho de ambas partes sobre los niños. Imposible imaginar el método porque rige una resolución de “restricción e impedimento de contacto”, al menos para la madre, refrendada por el juez cordobés. Allí pareciesen estar varadas ambas posiciones. Cada padre batalla desde su propia jurisdicción y nadie puede aventurar, o negar, que partan resoluciones diametralmente opuestas. Si ninguna cede, la puja de los padres viajaría hacia un conflicto de competencia.