Según los abogados defensores con un fallo más cercano al cumplimiento de los términos procesales, que a las evidencias reunidas en el periodo de investigación al proceso de RodolfoRodySequira y otras diez personas, son las que fueron procesadas por la jueza Rosa Falco, atribuyéndoles diferentes roles en el asesinato de Marito Salto, cuyo cuerpo fue hallado mutilado en la madrugada del 2 de junio del 2016 en una ruta en las cercanías de la ciudad de Quimilí departamento Mariano Moreno.

Anoche se conoció el fallo cuando se le notificó a las partes y se sostiene en una figura dominante del “Homicidio triplemente calificado con alevosía y ensañamiento, abuso sexual con acceso carnal agravado por la muerte de la víctima”. Los abogados defensores de los imputados, anunciaron que apelarán el fallo.

El fallo recayó en contra de un grupo sectario que fue apresado en noviembre de 2017, merced al trabajo de los perros “Halcón” y “Duque”, de la División Canes de Río Negro y San Luis, enviados especialmente para colaborar con el equipo de Falco. Indica la resolución de la magistrada.

El fallo

La magistrada procesó a Miguel Ángelel TerribleJiménez por el delito de “autor intelectual” en el homicidio del chiquito, que salió de su casa el 31 de mayo de 2016 y fue descubierto sin vida dos días después.

Como “partícipes necesarios”, la resolución fue extensiva a Ramón BurraRodríguez, Daniel ChichoSosa y Pablo Roberto Ramírez. Más adelante, el fallo incluyó a Armida Lucrecia Díaz, como “partícipe secundario”, siempre del homicidio del niño.

Por “encubrimiento”, Falco dictó el procesamiento de Daniel Hernández, María Montes; más los hermanos, DanielToto” y JoséPichiOcaranza. El largo listado se cerró en Miguel Ángel María Jiménez (h), a quien la magistrada le endilgó también el delito de “encubrimiento”.

Aberrante final

Pese al hermetismo que impuso a su función, la magistrada habría subrayado en su resolutorio que el pequeño fue víctima de un ritual satánico.

En el rol de captador habría situado a RodolfoRodiSequeira, el Nº 11, procesado a fines del 2018. Quien fuera el primer detenido  en la causa.

El trabajo se sostiene en más de un año de compleja investigación. Se plegaron especialistas de Gendarmería, Policía Federal y expertos en genética de la Suprema Corte de Justicia.

También, los antropólogos José Miceli, especialista en Etnografía y Etnología y director del Gabinete de Investigaciones Antropológicas y su esposa, Silvia Ríos, licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades y Museóloga.