Por Tony Villavicencio | Las evidencias indican que el crecimiento de la superficie con destino a la explotación agropecuaria durante los últimos quince años del gobierno del Dr. Gerardo Zamora fue notorio en Santiago.
Gracias a ello, hoy la provincia tiene un perfil productivo y económico agropecuario definido y exportamos carnes y seriales.
No todo está bien.
Hay que recordar que Santiago del Estero es una de las provincias con mayor población campesina del país; según el documento central de la Mesa de Tierras en el campo viviría aproximadamente el 40% de la población total, y en la provincia habría 20 mil familias campesinas que producen para sobrevivir expuestas a ser desalojados.
Los departamentos que tienen más población en situación de pobreza son además los que concentran la mayor cantidad de población rural. El grueso de estas familias son poseedoras con ánimo de dueño de las tierras que ocupan desde hace ya varias generaciones, pero no tienen regularizada su situación de dominial.
La inseguridad y la incertidumbre de esa importante franja de campesinos, la mayoría producen para el consumo propio y desde el año 1.990 están demandando resolver el conflicto de la tierra, además de solucionar un grave y álgido problema social, es también potenciar la producción primaria agropecuaria en la provincia.
Hay que recordarlo, los gobiernos que se sucedieron en 38 años de democracia nunca trazaron políticas serias tendientes a la regularización de la tenencia de tierra en Santiago del Estero.
Es cierto, hubo en estos últimos 15 años, un explosivo crecimiento productivo agropecuario, empero en el campo a pesar del silencio. No hay paz. La cúpula del Mocase Vía Campesina pareciera anestesiada por el gobierno, y cada vez más distanciada de las bases y la otrora poderosa organización presenta una marcada y debilitante división interna que esperan se resuelva con el cambio generacional que se avecina.
Frontera agrícola
Empero, vamos a referirnos a la evaluación de la expansión de la frontera agrícola, en estos últimos 15 años signada especialmente por el incremento de las superficies implantadas en el territorio provincial donde hoy se siembra la soja acompañada por el maíz, el trigo, el girasol y el algodón, cultivos explotados en grandes extensiones por el latifundio que produce para exportar.
Empero, a medida que avanzan los empresarios los conflictos por la tenencia de la tierra se profundizan, solo que el silencio impuesto por el gobierno los hechos vandálicos no trascienden en los medios oficialistas de tiraje provincial. Cabe destacar en esta última etapa los violentos según los campesinos son empresarios, que contratan forajidos e invaden amparados por un sistema judicial al servicio del más fuerte que ignora y permanece ausente cuando hay que proteger la seguridad y los derechos de campesinos poseedores de la tierra desde tiempos inmemoriales.
En el marco de esta realidad este proceso también sorprende a los campesinos en un enfrentamiento interno y en una plena etapa de recambio generacional de dirigentes y en la debilidad de los desencuentros los que activan desde la cobarde clandestinidad son los empresarios extra provinciales especialmente santafesinos, cordobeses y de las multinacionales que serían los autores intelectuales de maniobras mafiosas con las que atemorizan a la familias de campesinos, para que estos abandonados por la justicia, cansados de una lucha desigual, renuncien a sus derechos por la tierra.
La manipulación política y la desvergüenza de la justicia
El emblemático caso de tierras de Alberdi y Copo , y una empresa dueños de 75 mil hectáreas que vienen generados con influencias en la política una presión altísima sobre las familias poseedoras de la tierra donde forajidos alquilados roban, saquean e incendian viviendas y mejoras de los campesinos, dejando a las familias con lo puesto.
Lo sorprendente es que desde las fiscalías y la policía identifican autores, determina dónde están las pertenencias robadas, empero desde los jueces nunca llegan los oficios para allanar y secuestrar los bienes robados y detener a los autores materiales e ideológicos de estos hechos.
Es el caso entre otros del campesino del Salvador departamento Copo, Raúl Ricardo Mansilla, y su familia, que obligo a la reacción del Mocase Histórico que quiere marcar su diferencia con los del Mocase Vía Campesina donde en Copo, parecieran algunos dirigentes de este último sector abrían transformado la lucha en un negocio, el confort y el bienestar de unos pocos.
Atentando contra las garantías y la seguridad de la familia campesina.
La problemática de la tenencia y posesión de la tierra se debiera convertir en el Rosario de las principales cuestiones de la agenda de derechos humanos y también del gobierno. Ya que el proceso de avance indiscriminado de la frontera agrícola, si bien es necesario y esperado. Empero no a ese precio atentando no solo contra los derechos reales de posesión de la familia campesina. Sino también contra la garantía y la seguridad de las familias atacando además el patrimonio cultural y ambiental de las comunidades campesinas.
Por eso interpretamos que es urgente que en Santiago del Estero se instale el debate no solo productivo y ambiental sino también jurídico de la tenencia de la tierra, ya que los derechos de los campesinos poseedores. Inclusive los que acuden a la justicia a denunciar a sus invasores o ha regularizado la posesión del lugar, donde nacieron, vivieron y construyeron mejoras son amenazados y atemorizados por las mafias organizadas de los influyentes.