Por Tony Villavicencio | Lo ocurrido el pasado lunes 5 de octubre en el marco del 88° aniversario de la ciudad de Monte Quemado, es el vivo reflejo de los privilegios de un poder político.
En este caso, integrado por el intendente Manuel Osvaldo Castillo, su hija, la secretaría de gobierno Silvia Mariela Castillo, la secretaria de Cultura, Silvia Lastra, la concejal y presidenta del Consejo Deliberante Zulma Diaz, todos sin el uso del barbijo. Todos incumpliendo con el distanciamiento social.
Yo soy la ley
La imagen no es nada más que un botón de muestra de lo que todos los días sucede en una ciudad donde las restricciones del protocolo sanitario pareciera no es para quienes lo aplican, ellos obran por encima de la ley, es más, denunciamos que ellos en casos obraron como si fueran la Ley. Debemos recordar que de un servidor público se espera mucho y más se espera que cumpla con la ley que asuma las obligaciones del cargo público que desempeña, que tenga siempre presente el bienestar general y que sirva con su máxima dedicación a sus gobernados.
El programa electoral es un compromiso público, un contrato con los ciudadanos, exigido y exigible. Del político que se presenta a las elecciones se espera un plan de gobierno creíble y realista, ambicioso e ilusionante y que concrete objetivos claros pero fundamental es el cumplimiento de las leyes que tiene que hacerlas cumplir. A todo gobernante se le exige además un comportamiento ético que refleje los principios y valores que defiende como persona y como miembro de una sociedad libre y organizada.
Desde el primer día y hasta los ciudadanos van a evaluar continuamente su grado de cumplimento y comprobar que los objetivos prometidos se cumplen y se respetan los principios y valores que defiende, y lo que se da por hecho es que los políticos van a cumplir la ley. En realidad, todos los ciudadanos tienen que respetar la ley, pero los cargos públicos no sólo deben cumplir la ley como todos los ciudadanos, sino que su cumplimiento debe ser ejemplar.
Jurar, prometer cumplir y hacer cumplir la Ley
Cuando un político asume un cargo público, tiene que formalizar su toma de posesión mediante un acto protocolario, formal y público. Tiene que jurar o prometer por su conciencia y honor, que va a cumplir fielmente las obligaciones del cargo que asume con lealtad a la Constitución de la Nación, Provincial y guardar y a hacer guardar como norma fundamental del estado la aplicación de la ley con equidad.
Un funcionario no sólo tiene que comprometerse públicamente a cumplir la ley, sino que se tiene que comprometer también a hacerla cumplir. Y se convierte por tanto en el máximo valedor de la legislación vigente, aunque no esté de acuerdo con ella. Es más, puede cambiarla o tratar de cambiarla, pero siempre dentro del marco de la ley. Podríamos decir que el cumplimiento de la ley es el primer compromiso ético de un gobernante.
El respeto de la ley es por tanto la primera obligación de todo político y más aun de un gobernante; la segunda, es garantizar que todos los demás la cumplan también. ¿Es obvio, no?
Entonces si esto es tan claro como el agua fresca de un manantial y si se quiere purificar la democracia de Monte Quemado, se espera que la ley se aplique en forma pareja, rigurosa porque quienes la incumplieron son los que están obligados hacerla cumplir.
En Monte Quemado este medio denunció que el poder político de turno ejerce la discriminación y persecución política, y las medidas restrictivas de la pandemia ahora se las aplica según conveniencia al extremo de haberse creado paralelo al comité de emergencia, un grupo político, encabezado por el concubino de la secretaria de gobierno, el oficial principal Gustavo Ariel Sosa; la cuestionada directora de Tránsito, “Mari” Mercado; el oficial Jerez ,y personal policial subalterno y empleos de Tránsito municipal.
De esta organización Poli-Política que allana viviendas sin orden judicial, que asusta, secuestra automóviles, camionetas moto-vehículos, recaudando cifras millonarias: fabrican causas y aprietan a periodistas independientes. En las próximas ediciones amplío informe con documentación y testimonios de las víctimas.
