(Por Tony Villavicencio). Para frenar las injusticias es preciso que el poder detenga al poder. Ya lo expresaba, en su tiempo, un relevante cronista y pensador político francés que vivió en la llamada época de la ilustración.

Evidentemente, hace falta llevar a buen término esa gran transición, que en esta emergencia sanitaria mundial nos lleve a servir mejor.

No decimos que el grupo no incumplió con las leyes, decretos y protocolos en prevención del coronavirus, pero sí nos oponemos a medidas y castigos arbitrarios que no están previstos por la ley, y es necesario se determinar cuál fue el funcionario que usó a las fuerzas de seguridad para hacer cumplir su voluntad y no aplicar lo legal. Presos, aislados o multados, son las sanciones y no hay ley que imponga como receta de castigo el abandono de persona

Tantas veces los ciudadanos somos aplastados por las ruedas de los poderosos, que más que poderío, en algunos casos pareciera les hace falta una moral de lucha. O una ética de vida. Las influencias políticas, los privilegios a sectores o personas, o la persecución y la negación de derechos son moneda corriente, y habría hay que evitar que los funcionarios públicos, elegidos por el voto popular, se consideren la ley.   

Ciertamente es difícil combatir este tipo de hábitos, cuando los principios han sido devorados por un exceso de inmoralidad política, al ver que todos los caminos se abren si el dinero va por delante. No importa de dónde provenga, ni la manera de conseguirlo. Don dinero manda, y lo que es peor, nos gobierna. El dinero es la meta a la que aspiran llegar muchos medios de comunicación que ocultan las injusticias que sufren los ciudadanos a manos de un estado municipal que aprieta y asfixia.

En mi vida apasionada por el derecho leí a Montesquieu y ese espíritu crítico lo vi en su obra “El espíritu de las leyes”. Manifiesta admiración por las instituciones y llega a afirmar que la ley es lo más importante del Estado. Por desgracia, en Monte Quemado nos hemos acostumbrado a ver a los grupos políticos, sin decir ni oponernos a nada, que privilegian a sus seguidores y discriminan y persiguen hasta la humillación a los que piensan distinto en una postura extremadamente egoísta y autoritaria.

Una ley, un decreto o un protocolo que debe ser igual para todos y que no lo es, conlleva una dificultad. Algún fiscal anticorrupción nos ha “injertado” una frase que se ha convertido en célebre: “es más difícil combatir la delincuencia de los pobres que la de los pudientes”. Y es que cuando el poder deja de ser su deber, todo se confunde y camina a la deriva. Se oprime a la ciudadanía opositora con total descaro, en parte, porque el comportamiento de las autoridades se ha despojado de toda conciencia de igualdad de derechos y obligaciones.

Desde luego, no podemos permitir que ciudadanos sufran injusticias a manos de los abusos de un intendente, porque eso en un país democrático socava la justicia y para que el poder detenga a ese poder tiene que primar el estado de derecho. Con urgencia, es necesaria la aplicación igualitaria de la ley. Inspirados en las palabras de Montesquieu de que “no hay Nación tan poderosa como la que obedece sus leyes, no por motivos de miedo o razón, sino por pasión”, nuestro entusiasmo periodístico debe ir encaminado a frenar el abuso de funcionarios, en perjuicio de ciudadanos. Es grave lo ocurrido con el joven Wilfredo Samuel Palma y sus acompañantes. Si cometieron un delito, si incumplieron con los protocolos se deberá instrumentar medidas que por ley correspondieren y no a la voluntad de vaya a saber de qué funcionario.    

El estado de derecho debe impedir la arbitrariedad de estos poderes que por sistema violan los derechos de las gentes, creyéndose superiores, haciendo de la corrupción un instrumento del poder político. Sin duda, los malos ejemplos son tan dañinos como un crimen. Entiendo, por otra parte, que la intervención de los otros poderes para detener esos poderes perversos es fundamental. En todo caso, para Montesquieu no hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. Para evitarlo propone encontrar una disposición de las cosas que de la misma derive una situación en la que “el poder detenga al poder”, por ello es indispensable la independencia plena de los poderes del estado.