Por Tony Villavicencio.- Los montes del departamento Copo agonizan. Los acoplados tirados por tractores cargados con troncos de quebrachos blancos y colorados circulan por la Ruta Nacional 16 y la ruta 92, o se cruzan por el camino de tierra que une San José del Boquerón y Monte Quemado, transportando la madera del último resquicio de una explotación forestal irracional y clandestina.

Santiago del Estero fue la provincia argentina con más bosques: 7,7 millones de hectáreas, la mitad de su territorio. Pero hoy, la tala irracional amenaza la exterminación de los recursos naturales y los habitantes del interior del departamento Copo se quedaron sin la riqueza de los montes, y sin tener de qué vivir y emigran de la zona.

Los cálculos oficiales indican que, cada año que pasó, la región perdía más de 20.000 hectáreas forestales, pese a que una ley argentina obliga a proteger los bosques desde 2007. Las autoridades nacionales buscaron soluciones para frenarlo y en el año 2013 han puesto en marcha proyectos piloto contra la deforestación, que incluyen el control de la explotación maderera, la introducción de ganadería sin destruir el monte y el respaldo a las comunidades rurales. Pero esto en el departamento Copo no funcionó, la gente tiene que comer, se justifican los controles de bosques de la provincia, que en realidad, no todos, pero si algunos son los que están dentro de los pocos, que con la clandestinidad de la explotación se enriquecieron.

Monte Quemado fue una cuenca forestal hoy agotada, y son las imágenes comparadas a las de los últimos 15 años, que delintan el daño causado a los bosques, los que se quedaron reducidos a estrechos renglones verdes conformados por grandes superficies de montes, convertidos en páramos de troncos y fachinales.

“La  conservación del bosque no es incompatible con una ganadería sostenible”, destacaron desde el Ministerio de Ambiente de la Nación en aquella oportunidad. Esta cartera otorga beneficios económicos a quienes lo ponen en práctica e invitó al país ver iniciativas pioneras.

A diferencia del desmonte, realizado con dos topadoras a las que se les enganchan cadenas y arrasan todo lo que está a su paso, el manejo integral supone preservar gran parte de los árboles, pero eliminar arbustos que crecen bajo ellos para plantar pasto. En el departamento Copo y en el caso puntual del grupo de Caputo, no hubo una planta en pie y nadie controló.

Vigilancia por satélite

“La tecnología satelital delata a los infractores, pero los escasos guardabosques que cubren un territorio inmenso y las influencias políticas y judiciales de algunos actores, facilitan que se vulnere la ley”, se quejó en un escrito elevado a la Secretaría de Medio Ambiente, firmado por el grupo Greenpeace, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y otras organizaciones, que hay que recordar, a principio de este año denunciaron el desmonte de 500 hectáreas de bosques protegidos en el departamento Copo, por parte de una firma propiedad de un familiar del ministro de Finanzas, Luis Caputo y que después se determinó que fue la Dirección de Bosques provincial la que autorizó la operación.

La deforestación provoca también la expulsión de las familias que habitan estos montes impenetrables, llenos de arbustos espinosos y coronados antes por los quebrachos, de hasta 25 metros de altura. Las comunidades se sienten parte de estos bosques, donde hay animales y plantas que viven en él y de los animales domésticos que crían.

El departamento Copo fue el territorio forestal más rico de esta región del país. La tala irracional y clandestina de sus bosques fue y es la principal causa de la agonía que presentan los recursos naturales, expulsando de las zonas rurales a miles de familias que se quedaron sin tener de qué vivir y las miles que aún se quedaron entre los fachinales se encuentran resignadas a sobrevivir en la extrema pobreza.