Por Tony Villavicencio.- Cuando las campañas políticas, por la necesidad y cultura de los pueblos, se transforman en la compra de conciencias del electorado, los partidos políticos requieren del dinero para obtener un buen resultado. Dinero que muchas veces no es bien habido.

La infiltración cada vez mayor de la narcopolítica en la Argentina está minando la credibilidad de instituciones básicas para el sistema democrático, de no ser controlada eficazmente, puede llegar a poner en peligro -como ocurrió en Colombia y está sucediendo en México- la estabilidad del propio sistema democrático en el país.

Sin duda, la narcopolítica y sus repercusiones negativas en la vida política, donde el narcodinero ha penetrado a partidos políticos, financiado costosas campañas electorales, ha permeado con sus tentáculos de corrupción instituciones claves, como es la justicia, los organismos de seguridad y las propias fuerzas armadas, constituyéndose así en una de las peores amenazas para la seguridad nacional en diversos países de la región.

La narcodemocracia y su siniestra relación entre el narcodinero y la política, a través de una red de enlaces subterráneos tejida a lo largo de años y alimentada por la corrupción y el insaciable apetito de poder, lo que en algún momento se denominó “narcodemocracias”, es hoy una triste realidad de nuestra región, cuando observamos lo ocurrido en un municipio de la provincia de Corrientes, donde el intendente de la ciudad de Itatí, Natividad “Roger” Terán, su vice, Fabio Aquino y el jefe de la comisaría local, Diego Ocampo Alvarenga, fueron de tenidos en el marco de una megacausa de narcotráfico.

Existen antecedentes concretos de un intendente y todos sus funcionarios involucrados y la misma Policía en lo que a narcotráfico respecta, como lo es este caso que transformó a esa ciudad correntina de Itatí en una narcociudad.

También el caso del ex intendente y un magistrado destituido de Yacuiba, Salta y cinco gendarmes involucrados con el narcotráfico, que había logrado controlar una porción importante del poder de esa ciudad estratégica y limítrofe con la República de Bolivia, país de donde proviene la droga blanca, la cocaína.

Sin duda, la ambición de poder de algunos dirigentes políticos y el dinero del narcotráfico, sumado a la necesidad de los electores en estos dos casos, fueron factores fundamentales para convertir a esas ciudades en los centros de las operaciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en el mundo.  

El terremoto político desatado en la ciudad correntina de Itatí tiene entre la espada y la pared a la democracia de esa provincia, aunque, según informes que estarían llegando a la esfera de la Seguridad Nacional, este caso no sería exclusivo de esta provincia, todo lo contrario. Los servicios de la DEA, en torno a numerosas ciudades argentinas, habrían confeccionado un informe que hablan de que detrás del rumor algo hay y el Gobierno nacional se mantiene alerta en este sentido.

Estos dos casos revelan la gravedad política de esta compleja problemática, que se incorpora a la modalidad operativa del narcotráfico y la política a partir de que miembros de la cadena del narcotráfico se infiltraran en los partidos, se convierten en dirigentes y ofrecen el dinero necesario para comprar voluntades y ganar una elección, colocando de esa manera en peligro a la democracia y convirtiendo al espacio ganado en un fértil territorio de las operaciones de estas organizaciones delictivas.