La decisión del gobierno nacional de controlar y hacer cumplir la resolución que congela por 90 días los precios de 1.432 productos de consumo masivo sumó hoy el apoyo de provincias y municipios, que anunciaron que se sumarán a la fiscalización.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apoyó que ‘se tomen cartas en el asunto para que nadie se haga el piola‘ para ‘cuidar el bolsillo de la gente‘ y consideró que ‘no hay justificativo para el aumento de los precios con estos costos‘.

En declaraciones a radio La Red y El Destape, Kicillof razonó que ‘cuando la economía crece rápidamente -porque la demanda y el consumo estaban interrumpidos por los cierres generados por el cuidado de la salud- hay que mirar con mucho cuidado el tema de los precios‘.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, afirmó que la resolución del gobierno nacional implica ‘dar una señal a todos los consumidores, a todos los que necesitan tener previsibilidad de precios‘.

‘Va a haber un Estado cuidando los bolsillos durante los próximos tres meses para evitar que haya abusos, para evitar que haya aprovechamiento y confiamos en el compromiso de los empresarios para cumplir lo que necesitamos, que es que sean responsables‘ después de haber recibido tanta ayuda , sostuvo en una visita a Bahía Blanca.

CONTROLES MUNICIPALES

Varios intendentes bonaerenses manifestaron hoy su intención de sumarse al control de la medida, como los jefes comunales de Ensenada, Mario Secco; Morón, Lucas Ghi; y Pilar, Federico Achával.

Secco aseguró que ordenará a los inspectores municipales a realizar un estricto control de precios para ‘sacarle tarjeta roja a los vivos‘.

Ghi afirmó que los jefes comunales tienen ‘la obligación institucional‘ de controlar que se cumpla con el congelamiento dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior, puesto que la medida busca ‘que la comunidad pueda consumir a precios razonables‘.

Achával dijo que los municipios intentarán que se cumpla la decisión del gobierno nacional para ‘lograr que esos productos estén en la góndola al precio fijado‘.

Junto con los intendentes, la Defensoría del Pueblo provincial irá ‘al territorio‘ para ‘controlar que se cumplan los precios‘ congelados no solo para demostrar el ‘compromiso del Estado‘ en esa acción sino también para que ‘los ciudadanos se animen a denunciar‘.