El Ministerio de Interior de la Nación citó para este martes a las provincias que reclaman la devolución de partidas por la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fofeso).

La decisión del Gobierno nacional de eliminar el denominado Fondo Sojero por un DNU el año pasado, generó un conflicto con seis provincias que recurrieron a la Corte Suprema que, como primera medida, dio 90 días a las partes para que lleguen a un acuerdo o de lo contrario, dictará sentencia sobre este tema.

Con ese propósito había citado a provincias y a la Nación a una audiencia a fines de junio, en la que escuchó los argumentos de un lado y de otro, tras lo cual anunció su decisión de abrir este período para que se llegue a un acuerdo.

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Como se recordará, las provincias cuestionaron que se eliminara el fondo, en medio de la ejecución presupuestaria del 2018, cuando muchas obras estaban en marcha o proyectadas comenzar y que se iban a solventar con el Fofeso.

Además, indicaron que eliminar el fondo que fue aprobado por una ley y con acuerdo de las provincias, es a toda vista, inconstitucional, publica El Liberal en su edición digital.

El Gobierno sostuvo ante la Corte Suprema, que el contexto en el que se creó el Fofeso es sustancialmente diferente al contexto en el que se lo derogó, producto del aumento en las transferencias por coparticipación a las provincias.

“La derogación del Fofeso no afecta ni transgrede el derecho intrafederal (ni normas y principios propios del denominado ‘federalismo de concertación’)”, sostienen desde la Casa Rosada. Añadieron que “el Consenso Fiscal 2017 no mutó la naturaleza del Fofeso y preveía su eliminación”.

Sin embargo, las provincias de Chubut, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca y Santiago de Estero ratificaron su reclamo ante la Corte Suprema, en defensas de sus intereses, recalcaron.

En el caso de Santiago del Estero, el reclamo por la desaparición de este fondo, que también afectó a los municipios, representa más de $ 1.400 millones.

De no llegarse a un acuerdo en este plazo de noventa días que dio el máximo tribunal del país, los integrantes de ese cuerpo tomarán una decisión. El fuerte posicionamiento de las partes, parece anticipar que no habrá negociación posible en ese impasse de 90 días y que deberá decidir finalmente el máximo tribunal  con el precedente de que el gobierno de la nación   derogo un derecho instituido por una ley con un Decreto de Necesidad y Urgencia.