Un negocio del que participan sin pudor ni vergüenza el Vice Jefe de Gabinete, Mario Quintana, mediante un juicio que es promovido desde el estudio jurídico del Juez de la Corte Suprema de la Nación designado mediante decreto por el presidente Mauricio Macri.

El segundo de Marcos Peña ejerce el cargo de secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el ex CEO del Fondo de Inversión Pegasus, es además dueño de la cadena Farmacity y tiene en su patrimonio acciones del Grupo Clarín y Techint.

Siendo el segundo funcionario más acaudalado del gabinete, apenas por detrás de Juan José Aranguren, Quintana desea expandir aún más su empresa de negocio farmacéuticos, de esta manera quiere que se declare inconstitucional la ley 10.606 que establece que las farmacias se tienen que distribuir racionalmente, con una distancia no menor a 1.300 metros entre una y otra.

Quintana fue patrocinado, en este juicio contra el Estado, por el estudio de abogados de Carlos Rosenkrantz, el actual juez de la Corte Suprema designado por decreto por el Poder Ejecutivo y sin acuerdo de la cámara. 

Los farmacéuticos esgrimen que la ley que regula la actividad profesional impide el desembarco de la compañía con su forma de comercialización.

María Isabel Reinoso, presidenta del colegio profesional, aseguró que no habrá más que perjuicios económicos para “profesionales y clientes” de concretarse la llegada de la cadena a la provincia.

“La provincia rechazó el ingreso de Farmacity en todas las instancias y por unanimidad, por eso ahora Farmacity se fue en queja a Nación”, dijo la titular de los colegiados y será la corte integrada por el Juez Rosenkrantz, dueño del estudio jurídico desde donde se litiga la cuestión, quien entienda y defina la cuestión.

Lo que están buscando es “monopolizar el mercado y después, con su posición dominante, transforman el servicio público de salud en un servicio comercial buscando el beneficio de la empresa y no de la gente. Por eso el perjuicio sería para la farmacia y para la gente porque, una vez que se instalan, se ponen de acuerdo y levantan los precios”, y esto perjudica al pueblo pobre de la Argentina que se queda sin aseso a los medicamentos.